
A partir de este jueves inicia la implementación del pasaporte electrónico, que marca un cambio relevante en la gestión documental de la República Dominicana. Las autoridades ya registran más de 3,200 citas desde la apertura del sistema el 15 de enero de 2026, lo que evidencia una demanda considerable y un interés temprano por parte de la población. Esta cifra refleja la expectativa generada por un documento que incorpora mejoras tecnológicas y nuevos beneficios para los usuarios.
El acceso al nuevo pasaporte, en esta etapa inicial, queda restringido a quienes poseen una libreta vencida, menos de seis meses de vigencia, han declarado pérdida, deterioro, falta de páginas o gestionan su primer pasaporte. Esta medida pretende priorizar a quienes realmente necesitan renovar o gestionar el documento de inmediato, mientras se consolida la capacidad operativa del sistema.
La expedición se concentra primero en Santo Domingo, donde las oficinas han sido equipadas para atender la transición hacia el nuevo sistema. Posteriormente, el servicio se extenderá a dependencias en el Distrito Nacional, Santiago y las regiones norte, este y sur del país. Esta estrategia de implementación escalonada busca evitar saturaciones.

El nuevo pasaporte ordinario tendrá una vigencia de 10 años y un costo de 6,500 pesos (aproximadamente USD 110), con plazos de entrega estimados entre 24 y 48 horas según la localidad donde se realice el trámite. Esta rapidez en la emisión, que se convierte en el estándar del servicio, llevó a la Dirección General de Pasaportes a eliminar el servicio VIP. Ahora, todos los ciudadanos pueden acceder a un proceso eficiente sin necesidad de pagar tarifas adicionales por atención preferente.
El director de la Dirección General de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, aseguró a Diario Libre que el organismo cuenta con suficiente inventario de libretas y procesos estandarizados para evitar retrasos: “Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia”, afirmó, defendiendo la actualización del sistema frente a los tiempos de implementación en otros países. Este control en el suministro y la digitalización de los procedimientos buscan evitar los cuellos de botella que en otros momentos afectaron la entrega oportuna de los documentos.
Ramírez sostuvo que la nueva libreta incorpora un seguro de repatriación por fallecimiento en el exterior de hasta USD 9,000, sin valor adicional para el ciudadano: “No tiene costo adicional para el ciudadano. Es un valor agregado por tener su pasaporte vigente”, puntualizó el funcionario. Este beneficio, que debe activarse sesenta días después de emitido el pasaporte, está sujeto a condiciones como la existencia de enfermedades preexistentes y el cumplimiento de plazos para la notificación. Así, el seguro representa una cobertura relevante para quienes viajan al extranjero, aliviando a las familias los costos y gestiones de repatriación en caso de fallecimiento.

La modernización documental se complementa con el programa Pasaporte en Ruta, mediante el cual unidades móviles acudirán a empresas, instituciones y provincias. El objetivo es acercar el servicio a los ciudadanos, especialmente aquellos que viven en zonas apartadas o tienen dificultades para desplazarse a los centros de expedición tradicionales. Esto facilita el acceso y promueve la inclusión en el proceso de modernización.
Durante el periodo de adaptación, tanto el pasaporte tradicional como el electrónico seguirán siendo válidos, alineando a la República Dominicana con las buenas prácticas internacionales y aportando confianza a los usuarios durante la transición. Esta convivencia de ambos formatos garantiza que ningún ciudadano quede desprotegido o sin posibilidad de viajar durante la fase de integración tecnológica.
Con la entrada en vigor del pasaporte electrónico y sus servicios asociados, la Dirección General de Pasaportes apuesta por posicionar al país dentro del grupo que aplica estándares internacionales, priorizando la seguridad y la comodidad de sus ciudadanos. El uso de tecnología avanzada, la agilización de trámites y la inclusión de beneficios adicionales refuerzan el compromiso institucional con la protección y el bienestar de la población dominicana en el contexto global.
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