La República Dominicana ha reafirmado su postura en medio de la creciente tensión en Haití, resaltando la necesidad de señales claras de unidad entre los líderes políticos haitianos. En este contexto, la comunidad internacional observa con atención y exige gestos concretos de consenso. El mensaje dominicano subraya que la estabilidad en el país vecino depende de la capacidad de sus autoridades para mantener el respaldo institucional al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
La sociedad haitiana, mientras tanto, enfrenta una realidad marcada por necesidades básicas insatisfechas y la urgencia de recuperar la normalidad institucional. Para las autoridades dominicanas, solo un Ejecutivo fuerte podrá responder a las demandas sociales y conducir a Haití hacia el restablecimiento del funcionamiento estatal.
En los próximos meses, está previsto el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) junto a otras iniciativas multilaterales. El objetivo central será frenar la violencia de las bandas criminales que han arrebatado el control de amplias zonas y crear condiciones para celebrar elecciones y fortalecer las instituciones públicas.
El Gobierno dominicano reconoce los primeros avances en materia de seguridad atribuidos a la fuerza de tarea liderada por Fils-Aimé. Para República Dominicana, la recuperación de la autoridad estatal es clave para el éxito de las estrategias internacionales y nacionales en curso.
A la vez, el país ha reiterado su compromiso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente la Resolución 2793, que formaliza la creación de la GSF y la nueva Oficina de Apoyo de la ONU. Las autoridades dominicanas insisten en que la implementación plena de estos mecanismos, junto con la asignación de los recursos necesarios y una actuación ágil, resulta esencial para hacer frente a la crisis actual.
Crisis en Haití
El país vive uno de sus periodos más críticos, con bandas armadas que han extendido su dominio tanto en sectores urbanos estratégicos como en zonas rurales. La solicitud de USD 880 millones presentada por las Naciones Unidas para el Plan de Respuesta Humanitaria 2026 revela la magnitud de la emergencia en Haití. Las agencias humanitarias proyectan asistir a 4,2 millones de personas, aunque la falta de financiamiento y la complejidad operativa dificultan el acceso a la ayuda esencial.
El avance de estos grupos ha forzado el cierre de 1.600 escuelas durante el ciclo 2024-25, lo que ha dejado a 1,5 millones de haitianos sin acceso a la educación.
La inseguridad y la ausencia de gobernabilidad han provocado el desplazamiento de 1,4 millones de personas en solo un año. El impacto se agrava con la inseguridad alimentaria, que afecta a 5,7 millones de habitantes, de los cuales casi dos millones enfrentan una situación de emergencia.
El acceso humanitario se ha visto cada vez más restringido, mientras la Organización de las Naciones Unidas advierte que la falta de respuesta internacional podría traducirse en nuevas muertes evitables y un aumento del hambre. Las agencias de alimentación de la ONU insisten en que el margen de actuación internacional se reduce día tras día y que la estabilidad de la región está en juego.
El poder de las bandas criminales se extiende ahora a sectores rurales y urbanos cruciales, bloqueando rutas de transporte y obstaculizando la llegada de ayuda. Además, recurren a la violencia —incluida la sexual— como método de control y terror. La violencia sexual afecta especialmente a mujeres y niñas, quienes cuentan con un acceso muy limitado a servicios de apoyo, en un contexto marcado por el estigma y el temor a las represalias.
El colapso de los servicios sociales es otro reflejo de la crisis. El sistema sanitario funciona de manera precaria y enfermedades como el cólera siguen representando un riesgo grave para la salud pública. La falta de recursos limita tanto la capacidad de respuesta humanitaria como el despliegue de recursos esenciales en el país.
En el ámbito político, Haití no ha celebrado elecciones presidenciales desde hace diez años, lo que profundiza la debilidad institucional. Observadores advierten que la realización de nuevos comicios no será viable sin mejoras sustanciales en materia de seguridad, mientras los acuerdos de gobernanza transitorios se acercan a su vencimiento.
El aumento del tráfico de drogas añade un componente internacional a la crisis. Una incautación récord de cocaína cerca de las costas haitianas ilustra el “papel crucial de la isla en las rutas de tráfico que conectan América del Sur, el Caribe y Estados Unidos”, según las Naciones Unidas.
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