
El Ejército de República Dominicana detuvo a 66 ciudadanos haitianos en situación irregular el sábado durante un operativo en la zona montañosa de Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón, próxima a la frontera con Haití.
Las detenciones de migrantes en este punto fronterizo se insertan en un contexto de tensiones históricas y flujos migratorios persistentes entre ambos países caribeños.
La República Dominicana y Haití comparten una frontera de más de 390 kilómetros, utilizada frecuentemente para cruces no autorizados vinculados a factores económicos, inestabilidad política y crisis humanitarias en Haití.
La escasez de oportunidades y los problemas sociales al otro lado de la frontera han impulsado durante décadas estos desplazamientos, que se han intensificado tras el deterioro de la seguridad en Haití.
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Comienza el proceso de repatriación
Según confirmaron fuentes oficiales, la patrulla militar realizaba tareas de vigilancia en la sección Los Pomos, cerca del Río Arroyo Azul, cuando localizó a los migrantes. El grupo estaba compuesto por 57 hombres, siete mujeres y dos menores de edad, quienes se ocultaban en zonas boscosas para evitar a las autoridades.
Tras la detención, los migrantes fueron trasladados a la Dirección General de Migración (DGM), que inició los trámites de repatriación en conformidad con la legislación dominicana.

Este tipo de operativos se enmarca en una estrategia nacional para controlar la migración irregular y reforzar la seguridad en toda la franja fronteriza.
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Las autoridades han subrayado que este procedimiento se realiza respetando los derechos de los migrantes, aunque distintas organizaciones han advertido sobre los riesgos y retos humanitarios que entrañan estas devoluciones.
Presión migratoria y respuesta estatal
La frontera dominico-haitiana continúa siendo uno de los puntos críticos en el Caribe para el control migratorio. Según datos recientes del propio gobierno dominicano, los operativos han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos meses, acompañados por un despliegue militar reforzado.
El patrón detectado en este último incidente, con personas desplazándose por zonas montañosas y áreas boscosas, responde a una dinámica usual para evadir los controles oficiales. Las autoridades insisten en la importancia de manejar estos flujos en un marco legal, en parte por la reiterada preocupación internacional sobre el respeto a los derechos humanos en los procesos de repatriación.
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Tras la entrega, la DGM reiteró que el procedimiento de retorno se ajusta estrictamente a la normativa vigente, en medio de un debate regional sobre las respuestas más adecuadas frente a la migración irregular.
El operativo incluyó la vigilancia diurna en los alrededores del Río Arroyo Azul, donde la patrulla localizó primero al grupo antes de proceder con la detención.
Según datos de la DGM, autoridades deportaron 2025 un total de 379,553 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, un 37.4 % más que las 276,215 expulsiones de nacionales del país vecino registradas en 2024.
Situación tensa dentro del territorio haitiano
Haití atraviesa una crisis multidimensional que se ha intensificado en los últimos meses. El control territorial por parte de grupos armados se extiende sobre casi toda la capital, Puerto Príncipe, y se ha expandido hacia otras regiones del país.
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Las bandas criminales ejercen la violencia como método de control, utilizando asesinatos, secuestros y violencia sexual, lo que ha provocado el desplazamiento interno de más de 1,4 millones de personas. La situación humanitaria es crítica: más de la mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria aguda y la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación es generalizada.
Las instituciones del Estado muestran una capacidad limitada para responder a la crisis. El sistema de salud funciona de manera parcial o está cerrado en una gran parte del país, y la reaparición de enfermedades como el cólera agrava el panorama sanitario
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