Tras el fallo de la Corte, el Gobierno se apoya en un acuerdo con la UBA para seguir discutiendo el financiamiento

Aunque no fue el resultado que esperaba, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el financiamiento universitario no preocupó al Gobierno, que ya había alcanzado un acuerdo con rectores y sindicatos para hacer frente a una parte de los aumentos, que ahora está obligado a pagar, mientras continuará discutiendo el resto de la norma en los tribunales.

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no cayó bien entre las autoridades nacionales, quienes apenas conocieron la noticia empezaron a analizar las opciones restantes.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, luego de una conversación de la mesa judicial del oficialismo, se determinó que lo único que le queda por hacer al Poder Ejecutivo en este contexto es “esperar a que se defina todo en primera instancia”.

No obstante, remarcan que mientras siga el proceso no van a cumplir con el financiamiento universitario, a pesar de resolución de la Corte.

Para esto, se apoyan en un detalle importante: el máximo tribunal no falló respecto de la ley entera, sino solamente sobre una cautelar que pesaba sobre los artículos 5 y 6 de la misma.

El reclamo original, impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas casas de estudio, era para declarar inconstitucional el decreto 759/2025, por el cual el Gobierno dispuso que la norma queda suspendida hasta que el Congreso detalle de dónde saldrán los fondos para hacer frente a los gastos que no estaban previstos en el Presupuesto.

Sin embargo, mientras avanzaba ese expediente, la justicia en lo contencioso administrativo federal impuso una cautelar para que las autoridades vayan cumpliendo con algunos de los incrementos, al entender que el paso del tiempo podía afectar el poder adquisitivo de los eventuales beneficiarios,

El artículo 5, puntualmente, indica que se debe llamar a paritaria y actualizar “los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley“.

En tanto, el 6 marca una “recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles“, como Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otras, desde el 10 de diciembre del 2023 hasta la fecha.

“No vamos a pagar nada extra. Hay un acuerdo vigente que es el que se va a cumplir”, explicó a este medio un funcionario al tanto de la situacion.

Efectivamente, el 10 de junio último, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de hasta $50.000.000.000.

Por esta razón, en Balcarce 50 consideran que el fallo de la Corte Suprema no cambia el escenario general, porque ya tenían previsto desembolsar ese dinero.

Por su parte, las casas de estudio continúan reclamando un aumento también de las partidas presupuestarias de este año y una recomposición por lo perdido en los anteriores, entre otros puntos que quedaron afuera de la cautelar.

Además, aseguran que con el acuerdo de principios de junio no alcanza para cumplir con lo dicta la Corte: “No es un tema de la interpretación, tienen que cumplir la ley“, señalan.

“A lo sumo pueden decir que lo que se recompuso a partir de ese acuerdo se toma a cuenta para este nuevo aumento, pero hay una diferencia de entre el 25% y el 30 en el salario, de lo que nos dieron a lo que dice el financiamiento. En cuanto a becas pasa algo similar, solamente se incrementó el monto para el programa Belgrano, pero no pasó nada con el Progresar, por ejemplo”, lamentan.

En este sentido, en las instituciones educativas sostienen que el tribunal de primera instancia “ahora solamente tiene que ejecutar la sentencia, pero ese es un acto administrativo y rápido”.

La ley 27.795 generó polémica desde el comienzo, ya que el Congreso la aprobó en ambas Cámaras, luego el presidente Javier Milei la vetó y los legisladores insistieron en el recinto, forzando su promulgación.

Cómo último recurso, el Gobierno emitió el decreto que suspendió su aplicación hasta que se detalle el origen de los fondos y todo terminó en una disputa judicial.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (artículo 14 de la ley 48). Por ello, se desestiman el pedido de excusación y la presentación directa”, sostuvo la Corte este martes, por lo que se mantuvo la cautelar del CIN y los sindicatos docentes.

“Es un gran paso y una respuesta que la comunidad universitaria del país estaba esperando. Lo resuelto por la Corte Suprema es muy saludable no solo para las Universidades sino para la vida institucional de la Nación”, consideró Franco Bartolacci, titular del CIN.

Al respecto, remarcó que ”con este fallo, se deberán actualizar salarios y becas conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley, que es la respuesta estructural por la que tanto se trabajó”.

“Quiero agradecer a la comunidad universitaria del país que ha hecho a lo largo de este tiempo un enorme esfuerzo para sostener todo en condiciones muy precarias, y a la sociedad argentina, su abrazo defendiendo la Universidad cada vez que hizo falta fue definitorio para que podamos llegar hasta acá”, agregó.