Kicillof volvió a cuestionar el recorte de subsidios por zona fría: “Habrá un aumento tarifario que alcanzará a veces al 100%”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre el impacto de la quita de la tarifa especial por “zona fría” en distintas regiones del país, en medio del avance parlamentario de un proyecto del gobierno nacional que restringe el beneficio a sectores reducidos de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

“Son las nueve de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo cuatro grados, fin de mayo, y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas”, comenzó en un mensaje difundido por el Gobierno bonaerense.

Kicillof sostuvo que “el gobierno de Milei quiere quitar la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de tres millones de hogares”, lo que afectaría a “aproximadamente un millón trescientos mil hogares" bonaerenses, es decir, "cinco millones de personas".

El mandatario provincial, desde Tornquist, en el sudoeste provincial, destacó que la quita de la tarifa diferencial se da en un contexto de bajas temperaturas y dificultades económicas para las familias, que ya enfrentan complicaciones para afrontar el pago de alquiler, alimentos, combustible y, ahora, servicios esenciales como luz y gas. Kicillof alertó que, de aprobarse la reforma en el Senado, “habrá un aumento tarifario que alcanza a veces al cien por ciento”.

Limitación de los subsidios y reconfiguración del régimen

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto que recorta los subsidios al gas natural por Zonas Frías, tras negociaciones con un grupo de gobernadores. Como informó Infobae, el punto central de la jornada fue la compensación para provincias del norte mediante subsidios a la energía eléctrica, beneficiando a jurisdicciones como Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán bajo la categoría de “zona cálida”.

La iniciativa limita la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna, excluyendo a las provincias incorporadas en 2021, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esa reforma previa había ampliado el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales y permitió que el número de hogares beneficiarios pasara de 950.000 a 4 millones.

Cambios en la cobertura y nuevos requisitos para acceder a subsidios

El proyecto establece que quienes podrán mantener el subsidio serán los hogares con ingresos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, así como titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad. El Gobierno nacional afirmó que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal”, ya que podrán inscribirse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según la Secretaría de Energía, el regreso al esquema original implicará un ahorro fiscal de $272.099 millones y la salida del régimen de 55 departamentos de Buenos Aires, tres de Catamarca, 13 de Córdoba, 12 de La Pampa, tres de La Rioja, seis de Mendoza, ocho de Salta, 11 de San Juan, ocho de San Luis, ocho de Santa Fe y uno de Tucumán.

Reacciones políticas y estimaciones de impacto en tarifas

Desde la oposición, la medida fue calificada como un “tarifazo” y se advirtió que el nuevo cálculo del subsidio, que excluye los costos de transporte y distribución del gas, podría generar aumentos significativos. La diputada bonaerense Marina Salzmann, de Unión por la Patria, presentó el caso de una jubilada de Marcos Paz, quien pagó $26.000 por el gas en abril y, sin subsidio, pagaría $45.500, lo que representa el 11% de una jubilación mínima.

En contraste, la diputada por San Juan Nancy Picón Martínez enfatizó que “quienes más lo necesiten van a recibir el subsidio”, siempre que cumplan los criterios de ingresos o acrediten situaciones de vulnerabilidad.

El recorte de la tarifa de “zona fría” y la focalización de subsidios energéticos reconfigura el mapa de asistencia estatal en servicios públicos. El Senado debe definir el destino final del proyecto.