El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba con una app de citas desde cárceles bonaerenses

El Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron públicamente los resultados de una investigación sobre una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas al soldado Rodrigo Andrés Gómez, un granadero de 21 años, quien se suicidó mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei.

El conscripto murió el 16 de diciembre en horas de la madrugada, mientras cumplía una guardia en uno de los puestos de vigilancia del predio. Ese día, se informó oficialmente que este soldado del ejército que cumplía tareas de vigilancia en la casa de la principal autoridad política del país se había quitado la vida. La Justicia ahora pudo confirmar esa hipótesis, pero había algo más. Lo que revelaron fue el funcionamiento de una “pyme del delito”.

Según informó la ministra Monteoliva, Gómez fue víctima de una extorsión que tuvo como víctimas a un número indeterminado de ciudadanos argentinos. Describieron a la banda como una “pyme del delito”, que actúa mediante el uso de teléfonos celulares desde al menos dos centro penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. “Un celular en una cárcel es un arma”, afirmó Adorni.

La maniobra, que tuvo un trágico desenlace fatal, se orquestó a través de una aplicación de citas, y tuvo su epílogo esta madrugada con la detención de al menos siete personas, tras una serie de operativos y allanamientos, en viviendas y cárceles de la provincia.

Las alarmas de las autoridades se activaron a partir de una carta que dejó la víctima y la necesidad de determinar qué pasó con una persona que se quitó la vida a metros de donde estaba durmiendo el Presidente.

“La otra finalidad de esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado este mediodía en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, en el barrio de Palermo, en una conferencia de la que participó Infobae.

La extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.

El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.

Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.

Al soldado -cuyos familiares autorizaron la difusión de los pormenores de la investigación-, los estafadores le enviaron fotografías genéricas, sin mostrar rostros, y mantuvieron un diálogo destinado a generar confianza. Una vez logrado ese objetivo, se activó la maniobra extorsiva.

Poco después de recibir el denominado “audio del terror” con el mensaje de una supuesta madre escandalizada por el contacto de un mayor con una menor, la víctima recibió el llamado de una persona que se hizo pasar por policía. En varios casos, según explicó la jueza, se utilizó la identidad real del agente Conti, cuya documentación había sido usurpada. El falso policía aseguraba que existía una causa judicial en trámite y que, para evitar consecuencias legales, era necesario realizar pagos inmediatos.

Las transferencias se efectuaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. El dinero era fragmentado, redistribuido y ocultado mediante distintas operaciones para dificultar su rastreo. La presión no se detenía tras los primeros pagos. A las víctimas de esas maniobras, entre ellas Gómez, se las sometía a nuevas exigencias económicas, bajo amenazas reiteradas.

La carta encontrada en poder de Rodrigo Gómez permitió reconstruir el impacto de ese mecanismo. En uno de sus párrafos centrales, el joven escribió: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”, leyeron los funcionarios la carta dejada por el soldado que se suicidó con su fusil.

La carta también incluía anotaciones económicas, cálculos de deudas y referencias a pagos realizados. Para los investigadores, ese documento reflejaba el nivel de presión psicológica y financiera al que fue sometido el Gómez.

La investigación permitió identificar a los principales integrantes de la organización. Entre ellos se encontraban un hombre de apellido Francavilla, conocido como “Nahuel Contti”, detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también detenido en Magdalena. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de las cárceles bonaerenses.

Además, fueron detenidas personas externas que actuaban como receptoras de fondos y colaboradoras en el circuito financiero. En total, se realizaron siete detenciones en el marco de los allanamientos efectuados durante la madrugada previa a la conferencia.

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el uso sistemático de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. Monteoliva, Arroyo Salgado y Adorni coincidieron en señalar que los dispositivos móviles se han convertido en herramientas fundamentales para el delito intramuros. La jueza explicó que, durante la pandemia, se habilitó el uso de celulares a partir de un habeas corpus colectivo destinado a garantizar el contacto familiar, y que esa habilitación se mantuvo luego sin una regulación clara.

Según Arroyo Salgado, la ley de ejecución penal solo contempla el derecho al contacto familiar mediante visitas, y no mediante conectividad irrestricta. Sin embargo, en la práctica, los internos acceden a redes sociales, aplicaciones bancarias y servicios de mensajería, lo que les permite organizar actividades delictivas complejas.

La investigación detectó múltiples números telefónicos utilizados desde las Unidades 36 de Magdalena y 26 de Olmos, lo que confirmó que el uso de celulares no era esporádico, sino sistemático.

La presentación incluyó también una recopilación de antecedentes de delitos cometidos desde cárceles en los últimos años. Entre ellos se mencionaron estafas virtuales, casos de grooming, maniobras de extorsión, redes de narcotráfico, robos de automotores y episodios de violencia de género coordinados desde prisión. Según la jueza, estos antecedentes muestran que el fenómeno es recurrente y no excepcional.

En ese marco, Arroyo Salgado y Adorni utilizaron el concepto de “pymes del delito” para describir estas estructuras, que funcionan con una lógica organizativa estable, con división de tareas, captación permanente de víctimas y administración sistemática de recursos.

Otro aspecto abordado fue el de la corrupción. La jueza sostuvo que el uso sostenido de celulares dentro de los penales no podría mantenerse sin connivencia o tolerancia por parte de sectores del sistema penitenciario. Mencionó como antecedente el caso del Servicio Penitenciario de Córdoba, donde se detectó un centro de estafas telefónicas y fueron removidas autoridades. En ese sentido, habló de una “corrupción estructural” que facilita la continuidad de estas prácticas.

La presencia del ministro de Defensa y del jefe del Ejército tuvo como objetivo respaldar institucionalmente la investigación y acompañar a la familia del soldado. Monteoliva destacó que Gómez integraba una fuerza del Estado y que su muerte tuvo un impacto directo en el ámbito militar. Adorni señaló que el caso generó una fuerte conmoción interna en el Gobierno por haberse producido en un área de máxima seguridad.

Los funcionarios destacaron la coordinación entre el Juzgado Federal, la Policía Federal, el Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales. Durante más de cincuenta días se realizaron escuchas telefónicas, análisis financieros, pericias informáticas y seguimientos, que permitieron reconstruir el entramado delictivo.

Como resultado de la investigación, los tres detenidos que ya se encontraban presos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo. También se secuestraron teléfonos celulares, se bloquearon cuentas bancarias y se iniciaron los procesos judiciales correspondientes. Monteoliva aseguró que los imputados no volverán a tener acceso a dispositivos móviles.

En sus intervenciones, los funcionarios coincidieron en que la muerte de Gómez no fue un hecho inexplicable, sino el resultado de una maniobra organizada. Sostuvieron que la banda fue desarticulada y que el Estado actuó de manera coordinada. Adorni afirmó que no se puede permitir que personas privadas de la libertad continúen delinquiendo desde prisión y que el sistema penitenciario debe garantizar el cese efectivo de la actividad criminal.

Más allá del caso puntual, la exposición oficial buscó instalar el debate sobre el funcionamiento del sistema penitenciario. Según Arroyo Salgado, la privación de la libertad pierde eficacia cuando existe libertad digital sin controles. En ese contexto, las cárceles se transforman en plataformas desde las cuales se cometen delitos con alcance nacional.

La conferencia conjunta del Gobierno y la Justicia expuso, de ese modo, una organización que operaba desde cárceles bonaerenses mediante estafas digitales, usurpación de identidad y extorsión sistemática. La investigación vinculó directamente ese accionar con la muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien se encontraba sometido a presiones económicas y psicológicas derivadas de esas maniobras.

El caso puso en evidencia la existencia de redes criminales estables dentro del sistema penitenciario, las fallas en los mecanismos de control tecnológico y la persistencia de prácticas irregulares. La respuesta oficial incluyó detenciones, traslados, secuestros y un fuerte mensaje político sobre el control carcelario. Al mismo tiempo, los propios funcionarios reconocieron que se trata de un fenómeno con antecedentes reiterados, que plantea un desafío estructural para el Estado.