Tras los conflictos en Quilmes y Lanús, el kirchnerismo culpa a Magario por la posible caída de leyes del Ejecutivo

El kirchnerismo decidió contraatacar políticamente los incidentes que se registraron en Quilmes y Lanús —que en parte están atravesados por la interna del peronismo bonaerense— y llevar la discusión al senado bonaerense. Este martes, luego de la violencia desatada en las intendencias que gobierna La Cámpora, un grupo de senadores que reportan a Cristina Kirchner volvieron a pedirle a la vicegobernadora Verónica Magario que convoque a sesionar en carácter extraordinario. El objeto es tratar dos proyectos del Poder Ejecutivo que perderán estado parlamentario, dejar sin efecto la sesión preparatoria y definir la distribución de lugares en las vicepresidencias que además articulan con la línea de sucesión del Poder Ejecutivo. Allí, como dio cuenta este medio, el kirchnerismo busca de hacerse con la vicepresidencia 1°.

En la nota presentada este martes, los senadores Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi, responsabilizan a Magario de que los proyectos de salud para crear un laboratorio de producción de medicamentos y una empresa de atención de emergencias; ambos de carácter estatal, perderán estado parlamentario si no convoca a sesionar el lunes 29 de diciembre.

“Usted fue elegida para representar un proyecto político que prioriza la salud pública como un derecho fundamental. Ignorar el pedido de este bloque y de los trabajadores del sistema sanitario implica no solo una falta administrativa al Reglamento (Arts. 120 y 121), sino una claudicación ante los intereses de quienes la eligieron”, esgrimen los legisladores K; un argumento político que en las anteriores presentaciones hechas para que Magario convoque a sesionar no habían planteado.

“Los mismos que hace poco decían sin ningún fundamento que el “kirchnerismo lima al gobernador y no le aprueba los proyectos” son los que ahora se los dejan caer. No sé de qué se van a disfrazar”, planteó el senador camporista Emmanuel González Santalla.

Además de los proyectos que pierden estado parlamentario y que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados, en la misiva de este martes, el sector de CFK planteó que “resulta urgente regularizar la situación respecto de los mandatos de los secretarios Legislativo y Administrativo, circunstancia que se encuentra supeditada a la voluntad del Cuerpo por lo cual deben abstenerse de realizar cualquier acto administrativo, bajo sanción de incurrir en la comisión del delito de usurpación de títulos y Honores (art. 246 del Código Penal)”. Puntualmente, buscan que el secretario administrativo -el ex Secretario de Comercio, Roberto Felletti— y legislativo no firmen ningún expediente.

“No existen obstáculos numéricos para sesionar, dado que nuestro bloque cuenta con la mayoría necesaria para funcionar y aprobar estos proyectos que forman parte estratégica de la soberanía sanitaria bonaerense”, agregaron los legisladores. La situación tensiona sobre lo que será la integración de los bloques tras el recambio legislativo. El peronismo hoy tiene quorum propio en la Cámara alta 24 integrantes, de un total de 46.

Magario había hecho una convocatoria ante la avanzada del kirchnerismo, pero para el 26 de febrero; una fecha que se iba a dar a la par de la negociación por la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, que el 15 de marzo deberá renovar autoridades. En el medio, el gobernador Axel Kicillof lanzó la federalización del Movimiento Derecho al Futuro.

El nuevo pedido de sesión se suma a los distintos episodios que en las últimas semanas exteriorizaron las discusiones internas dentro del peronismo bonaerense, luego de lo que fue la aprobación del Presupuesto, Ley Fiscal y el endeudamiento que requirió Kicillof. La escalada se visibilizó con fuerza entre este lunes y martes, cuando en el municipio de Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza y en Lanús, cuyo intendente es Julián Álvarez, hubo episodios de violencia entre manifestantes de espacios peronistas que plantearon reclamos en ambos edificios municipales.

En Quilmes el conflicto se dio por la aprobación que el concejo deliberante le dio al proyecto del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), el Sistema Municipal de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito (SMDEIT) y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transporte de Carga (SCPVTC). La decisión de avanzar con el ordenamiento vehícular puso en jaque a los cuidacoches. Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo uno de los referentes es el actual diputado nacional, Juan Grabois, y es donde están agrupados los cuidacoches plantearon que “la iniciativa no responde a un plan de ordenamiento vehicular, sino a la concesión de un “paquete de negocios” diseñado para favorecer a un grupo empresarial específico. La ordenanza plantea entregar la gestión del espacio público y la recaudación de multas a un privado con antecedentes judiciales, en lugar de priorizar la gestión estatal o cooperativa”, advirtieron.

En el municipio de Quilmes plantearon que “lo que no se va a hacer, y es lo que quiere el MTE, es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo”; el del estacionamiento medido. La ordenanza se aprobó en un clima de tensión y enfrentamientos fuera del concejo deliberante quilmeño. La intendenta, Mayra Mendoza, le mandó un fuerte audio a Grabois en el cual le espetó: “Me faltás el respeto, no sé quién te creés que sos, fomentás la violencia”.

En Lanús, un grupo de militantes —que según el municipio responden al Movimiento Evita— también se hicieron presentes en el municipio reclamando por la presencia del intendente Julián Álvarez. Fuentes de la municipalidad indicaron a Infobae que la manifestación se trató, en realidad, de “un piquete con intencionalidad política y no un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús”.