El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 al Congreso Nacional y durante su discurso emitido por cadena nacional exaltó a trabajar “codo a codo” con actores políticos como los gobernadores para lograr los principales objetivos del programa económico y de gobierno, como el superávit fiscal.
El vínculo entre Nación y las 24 gobernaciones subnacionales se vio deteriorado en su amplia mayoría por la decisión de la Casa Rosada de prácticamente paralizar la ejecución de obra pública, de no transferir diversos fondos a las provincias dispuestas por ley y de dosificar las transferencias de los llamados Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno dispone que contempla gastos en el programa de Aportes del Tesoro Nacional por $ 569.426 millones, lo que implica un incremento del 104,7% respecto a los $ 278.232 millones que están establecidos para 2025, según datos del portal Presupuesto Abierto.
En el Gobierno indican que buscan acercarse a diversos sectores de la oposición con miras a lo que será el escenario legislativo del año próximo, donde el oficialismo debe impulsar sus reformas de segunda generación. “Si en las elecciones te va muy bien, tenés que asegurarte a los aliados. Si te va muy mal, al menos tenés que disponer de gobernabilidad”, justifica un operador libertario.
La búsqueda de alianzas con los gobernadores no será sencilla. El Presidente vetó la semana pasada la ley sancionada en el Congreso y que establecía el reparto automático de estos fondos entre las provincias. En el Gobierno justifican que esta decisión se produce porque esto le quitaría la posibilidad al Poder Ejecutivo de disponer recursos ante casos de emergencias para las provincias. “Es una ley que está floja de papeles y ellos mismos lo saben”, alegan, marcando que esta normativa precisa el acuerdo de todas las provincias y no puede modificarse este régimen por mayoría simple de Diputados y el Senado.
En tanto, en la Casa Rosada afirman que Milei volvió al formato del Ministerio del Interior para dotarlo de fondos y capacidad de fogueo para cumplir con algunas de las demandas de las provincias.
Esto sigue siendo visto con incredulidad de parte de la mayoría de los gobernadores. Estos acusan promesas incumplidas en materia de obras públicas y transferencias. De los 19 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en 2024, solo una minoría mantiene la colaboración con la Nación, mientras que la mayoría se distanció por la subejecución de fondos y la falta de avances en compromisos previos.
En junio, el Gobierno había otorgado 18 ayudas financieras por un total de $84.000.000.000, quedando aún $194.232.889.623 sin asignar en el fondo de ATN. La prórroga del Presupuesto 2023 refuerza la tendencia restrictiva en la distribución de recursos, y fuentes oficiales anticipan que la situación podría continuar durante el resto del año.
Los libertarios comenzaron a trabajar para asegurarse las adhesiones más próximas. El Gobierno nacional transfirió $12.500 millones a cuatro provincias el pasado viernes, en el marco de la disputa por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Chaco fueron las jurisdicciones beneficiadas, en una medida que se produce tras la asunción de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, le aseguró a la prensa acreditada en Casa Rosada “una relación más fluida” con los gobernadores y aseguró que buscarán “corregir” el vínculo con los distritos subnacionales.
Aunque los Aportes del Tesoro Nacional son vistos como fondos significativos para los mandatarios subnacionales, estos no son equivalentes a los $ 74.000.000 millones que la Nación le transfiere a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de coparticipación y diferentes regímenes de compensación.
En el Presupuesto figura que los gastos de capital (es decir, aquellos que redundan en inversiones o en mejoras de infraestructura) hacia las provincias y municipios sufrirán una variación respecto a 2025 de -25,2%, mientras que los gastos corrientes mejorarán 25,1%. Los programas que orbitan bajo el ex-Ministerio de Infraestructura no crecerán en términos nominales, sino que en 2026 se presupuestó un 0,6% menos respecto a la proyección de gasto del 2025.
En lo referido a las obras públicas, la Dirección Nacional de Vialidad tendrá $ 659.878 millones para ser gastados, siendo $ 283.555 de esos direccionados al mantenimiento de rutas nacionales y $ 238.623 para las construcciones viales. En uno de los apartados destacados del mensaje al Congreso, el Ejecutivo remarca que busca ejecutar “600 km en construcción de autopistas, 143 km y 130 km en ejecución de obras de pavimentación y repavimentación, respectivamente”.
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