Tal vez ningún ministro en la Argentina contemporánea tuvo el poder de Julio De Vido. En la caja del Estado, la obra pública, durante años, fue todo. Durante el kirchnerismo, la obra pública fue Julio De Vido, cabeza durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner de la cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Y en menos de una década, De Vido sintió como nadie en la política argentina el embate de la Justicia federal, y el despoder que viene con ello.

El 25 de octubre de 2017, un año antes de que explotara el caso de los cuadernos de las coimas, en pleno gobierno de Mauricio Macri, De Vido se entregó a las autoridades en los tribunales de Comodoro Py, asediado por causas de corrupción. Era diputado nacional en ese entonces; ese mismo día, la Cámara Baja había decidido su desafuero, con 176 votos afirmativos, entre ellos, cuatro de miembros del Frente Para La Victoria. Dos jueces federales, Claudio Bonadío y Luis Rodríguez, pidieron semanas antes que lo despojaran de su inmunidad para que sea arrestado de inmediato, un pedido ratificado por la Cámara Federal. La política se cerró en su contra. Entonces, De Vido fue y se entregó.

Obtuvo rápidamente un cupo en el penal de Ezeiza. Luego, fue trasladado a Marcos Paz. Recuperó la libertad en marzo de 2020, tras tres meses de prisión domiciliaria. En el medio, fue condenado en octubre de 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta por su rol en la tragedia ferroviaria de Once; el Tribunal Federal N° 4 lo inhabilitó a ocupar cargos de por vida. En septiembre de 2023, el Tribunal en lo Penal Económico N° 1 lo absolvió en el juicio por el ingreso de 800 mil dólares al país en las valijas del empresario venezolano Guido Antonini Wilson, un caso que data de 2007.

En abril de 2022, fue condenado otra vez, acusado de enriquecimiento ilícito junto al ex secretario de transporte Ricardo Jaime a cuatro años de cárcel por la compra de trenes a España y Portugal. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, confirmó la pena en 2024, pero ordenó al tribunal que la dictó que la recalcule con base en atenuantes no considerados.

El 6 de noviembre próximo, De Vido enfrentará vía Zoom al Tribunal Federal N° 7, la fiscal general Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera, como acusado en el caso de los cuadernos de las coimas escritas por Oscar Centeno, el remisero de su número 2 en el Ministerio, Roberto Baratta, que terminó preso tal como él, con decenas de empresarios que entregaban supuestos sobornos de un 10 o 20 por ciento del total del presupuesto de megaobras para financiar campañas políticas, con Baratta como cobrador.

De Vido enfrentará este proceso representado por su histórico abogado, Gabriel Palmeiro, del estudio de Maximiliano Rusconi. Será el segundo de 75 imputados en importancia política, solo superado por Cristina Kirchner. El tiempo, sin duda, pasó: De Vido ya tiene 75 años. Cumplirá 76 a fines del mes siguiente del inicio del proceso.

Toda la cúpula también

En septiembre de 2019, el juez Claudio Bonadío, tras una investigación de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, envió a juicio al ex superministro como organizador de la asociación ilícita que supuestamente encabezaba CFK, como coautor de cuatro presuntos casos de cohecho pasivo y un hecho de admisión de dádivas. Baratta, que fue su subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, un ex taxista y quinielero convertido en un funcionario estratégico, fue acusado de ser un organizador también. Los empresarios imputados que declararon como arrepentidos lo señalaron como el encargado de exigir la plata.

“La maniobra fue organizada por Julio Miguel De Vido y Roberto Baratta, quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos”, apuntó Bonadío en su elevación a juicio de septiembre de 2019.

El fallecido juez envió a proceso a toda la cúpula del superministerio kirchnerista. José María Olazagasti, secretario privado de De Vido, también está entre los acusados, así como José López, secretario de Obras Públicas, el hombre de los bolsos en el convento, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y el subsecretario de Desarrollo Urbano, Germán Nivello. Baratta, Del Río y Olazagasti fueron marcados en supuestos pasamanos de plata entre 2010 y 2015. Un sobre entregado el 28 de mayo de 2015, supuestamente, contenía un millón de dólares en efectivo crocante.

Baratta, de acuerdo con la investigación -fuertemente nutrida por los contenidos de los ocho cuadernos y ratificada por las confesiones de los empresarios arrepentidos- no solo era un cobrador, sino también un intermediario. En 2009, uno de estos empresarios, de acuerdo con su confesión, le pidió al subsecretario “que arbitrara los medios para que el entonces ministro De Vido dispusiera la venta por remate de tres terrenos” ubicados en CABA, asegura un pasaje en el expediente.

Así, entre julio de 2009 y agosto de 2010, pagó en cómodas cuotas un millón de dólares, con bolsos entregados en diversos puntos de CABA. El supuesto receptor de esta plata fue el fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Fuentes en el expediente estiman que, con esta cantidad de imputados y una lista inicial de más de 600 testigos, el proceso tardaría años en terminar. De Vido llegaría a la tercera condena en su historia como un hombre de casi 80 años.