Javier Alonso denunció que los policías desafectados filtraban información sensible a legisladores libertarios

La decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, de apartar a 24 miembros de la Policía Bonaerense abrió un capítulo inédito de sospechas sobre la politización de cuadros policiales en la provincia. Alonso, en un extenso diálogo con la prensa, reveló el trasfondo menos visible: “Ellos empiezan a dar asesoramiento en materia de seguridad. Además, facilitan información a los legisladores sobre operativos policiales. Se está castigando porque están desarrollando una actividad que está prohibida”. El ministro fue tajante: “No estamos persiguiendo a nadie por lo que piensa, sino por acciones incompatibles con el uniforme”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En ese contexto, Alonso desgranó cómo la estructura interna desarrollada por los policías denunciados pasó de ser un grupo funcional al área ambiental a integrarse como “una consultora política” con ramificaciones partidarias.

Lejos de admitir un trasfondo político en la decisión oficial, Alonso argumentó que la desafectación de los efectivos responde a la gravedad de los hechos relatados en una denuncia anónima recibida por Asuntos Internos. El funcionario explicó: “No se echó a nadie, hay una desafección. Significa que pasan a disponibilidad y dejan sus cargos para poder investigarlos. No por su simpatía política. Nunca perseguimos a nadie por lo que piensa, lo que está claro es que no pueden desarrollar una acción de política partidaria. Eso está prohibido”.

La denuncia señala una connivencia explícita de los jefes policiales con Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y actual candidato de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral. Alonso apuntó: “Tenemos un grupo de la policía y un jefe que tiene relación con Bondarenko —son compadres, fueron testigos mutuos en un juicio de usucapión de unos terrenos que compraron en City Bell—. Un policía que no tiene representatividad en su carrera, lo que tenía que ascender en 30 años lo hizo en seis años. Más casta, imposible”.

El texto de la denuncia entregada a Asuntos Internos detalla el armado de una estructura paralela dentro de la fuerza, que incluía el uso de recursos oficiales —como oficinas y salones— para eventos vinculados a La Libertad Avanza y el apoyo directo al proyecto electoral de Bondarenko. “Estas oficinas descentralizadas arman una estructura que empieza a funcionar como una consultora política”, explicó el ministro en Infobae. Además, recordó que “la denuncia aportó testimoniales y afirmaciones muy precisas; con esa información no puedo dejarlo al frente de esa área”.

Entre los hechos más graves, el ministro señaló que “facilitaron información a legisladores nacionales sobre operativos policiales”, desdibujando los límites entre custodios de la ley y operadores partidarios. Alonso fue determinante: “Se está sancionando porque se desarrolló una actividad que está prohibida. Lo que no se permite bajo ninguna circunstancia es la utilización del aparato policial para fines políticos”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, el ministro amplió: “La denuncia surge de alguien dentro del mismo grupo. Es quien manda la información. Eso llega cuando se conoce la candidatura de Bondarenko. No creo que la ministra estuvo al tanto, no lo sé. Pero un policía retirado no puede comandar ni tener reuniones con policías en funciones. Lo que pedía Bondarenko estaba en las computadoras. La responsabilidad es del jefe de la policía que subordinó a otros oficiales a ese armado”.

El procedimiento de desafectación, según insistió Alonso, es el inicio de una causa administrativa y no un despido. Resaltó que los policías pasarán a disponibilidad: “Tienen derecho a su defensa, pero ante la gravedad del caso, no podían seguir en sus funciones”. La decisión —según voceros de la cartera de Seguridad— garantiza el resguardo de pruebas y la no interferencia de los investigados.

La polémica escaló cuando Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, criticó duramente al gobernador: “Kicillof, además de ser inútil, es una persona que odia a la policía y está del lado de los delincuentes”. Frente a estas acusaciones, Alonso prefirió poner el foco sobre la institucionalidad de la fuerza y el deber de mantener la neutralidad política: “No hay persecución ni revancha. El único objetivo es preservar la estructura de la policía de injerencias externas”.

El expediente, abierto en base a la denuncia anónima, incluye testimonios, registros informáticos de comunicaciones y la revisión de salones policiales utilizados para actos políticos. De la investigación participan Asuntos Internos y especialistas en delitos informáticos. Alonso subrayó: “Será la investigación la que determine eventuales sanciones administrativas, e incluso judiciales si corresponde”.

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