
El gobierno nacional repitió la fórmula de un anuncio, el envío de un proyecto de ley al Congreso y, después, un parate a la espera de un escenario más conveniente. Un caso de esto fue la ley Hojarasca presentada por el ministro Federico Sturzenegger, que tenía como objetivo eliminar normas consideradas “inservibles” y que nunca llegó a las comisiones ni fue debatida. Más recientemente, otro proyecto de ley sigue en la Presidencia de la Cámara de Diputados sin ser derivado a las comisiones y, en teoría, resulta clave para el Ejecutivo.
El 5 de junio ingresó en el Congreso de la Nación una iniciativa que propone “blindar” las medidas destinadas a facilitar el uso de dólares ahorrados fuera del sistema formal. El texto reduce el plazo de prescripción del delito de evasión tributaria a tres años, limita la posibilidad de que la AFIP inicie denuncias penales y eleva las multas ante incumplimientos. De acuerdo con lo que manifestaron el titular de la AFIP, Juan Pazo, el diputado José Luis Espert y el ministro de Economía, Luis Caputo, la aprobación de la medida era “fundamental para proteger a los ahorristas que querían mover sus dólares y no sean perseguidos”. El proyecto modifica artículos de las leyes penal tributaria y de procedimiento tributario.
Actualiza los montos mínimos para tipificar delitos en el Régimen Penal Tributario y fomenta un enfoque recaudatorio al habilitar la extinción de la acción penal con el pago de la deuda, intereses y un 50% adicional, incluso después de una denuncia. Uno de los motivos por los que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no giró la propuesta sería la necesidad de habilitar la comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert. Aunque, según otras versiones, el oficialismo reconoce que carece de los votos para su aprobación, un escenario que se vuelve más desfavorable.

Los bloques opositores que mantuvieron actitudes colaborativas en 2024 tomaron distancia de las propuestas de La Libertad Avanza. Encuentro Federal y la Coalición Cívica ya no acompañan los proyectos surgidos desde el despacho de Menem. A esto se suma el conflicto que mantiene la Casa Rosada con los gobernadores. Los mandatarios provinciales, sin distinción partidaria, presentaron un proyecto encaminado a redireccionar los fondos que el Ejecutivo nacional les retacea.
La situación se agravó en la última sesión, cuando legisladores que solían coincidir con el oficialismo votaron diferente. Aunque se preveían diez votos favorables para emplazar la comisión de Presupuesto y tratar los fondos universitarios, resultó sorpresiva la postura de dos radicales “peluca”, Mariano Campero y Martín Arjol, y dos representantes del MID, Eduardo Falcone y Oscar Zago, quienes votaron junto al kirchnerismo. En este marco, el debate sobre el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal quedó “congelado”. La posibilidad de que el ministro de Economía logre su aprobación antes de agosto resulta cada vez menos factible.
El Gobierno es consciente de que, sin una ley que brinde seguridad a quienes poseen dólares no declarados, difícilmente ingresarán al sistema financiero. El único aspecto favorable es la percepción de que muchos utilizaron esos fondos para costear viajes al exterior, evitando la compra formal de divisa.

Con la campaña electoral en marcha, la probabilidad de avance del proyecto en el Congreso es mínima. Así, se aleja la posibilidad del Ministerio de Economía de captar siquiera USD 5.000 millones de los USD 250.000 millones que se calcula que continúan sin declarar. Se trata de una suma pequeña en relación al total fuera del circuito formal, pero suficiente para cumplir con la meta de reservas acordada con el FMI.
“No lo van a mover porque saben que se lo van a destrozar. El kirchnerismo no está en una posición de negociación desde la detención de Cristina Fernández de Kirchner y hará todo lo posible por bloquearlo. Los gobernadores podrían utilizarlo como moneda de cambio, pero hasta ahora no hubo diálogo con el Gobierno. Tampoco se avanzó en conversaciones con el resto de la oposición”, señaló un diputado que suele actuar como nexo entre oficialismo y oposición. “Es la nueva ley Hojarasca, está en el mismo cajón del despacho de Menem, ni ellos la mencionan”, añadió con humor. “En este escenario, y teniendo en cuenta que luego de las vacaciones de invierno comienzan las elecciones en Buenos Aires y a nivel nacional, las chances son muy bajas”, concluyó mientras se alejaba por el salón de Pasos Perdidos hacia el recinto.
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