A más de 24 horas del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, decenas de militantes se agrupan en las inmediaciones de la casa de la ex presidenta.
Con cánticos y banderas, diferentes agrupaciones kirchneristas se concentran en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, para realizar una nueva noche de vigilia en la puerta del edificio donde vive la líder del PJ.
Varios grupos estaban marchando desde diferentes puntos del Conurbano para sumarse a la concentración que comenzó antes de conocerse la resolución del máximo tribunal, cuando la ex mandataria estaba todavía en la sede del PJ.
Una de las columnas más importantes que estaba movilizándose hasta la intersección de Humberto Primo y San José era encabezada por dos dirigentes más cercanos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se trata de Jorge Ferarresi y Mario Secco, lo que da todo un mensaje en el marco de la interna que atravesaba el peronismo hasta antes de la ratificación de la condena.
Al grito de “el que no salta votó a Milei”, Cristina Kirchner salió nuevamente al balcón de su departamento y saludó a los militantes que estaban apostados sobre la vereda.
Todo se da en el marco de la movilización que convocó la habitual marcha de los miércoles de jubilados, a la que se sumaron los trabajadores del Garrahan. Justamente, varias agrupaciones se acercaron a la zona de Plaza de Mayo para acompañar ambos reclamos y se manifestaron en contra de la resolución de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Cabe recordar que el fallo del máximo tribunal estableció una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, situando a Kirchner en el centro de una controversia judicial que ha captado la atención nacional e internacional.
Actualmente, su defensa ha solicitado que la sentencia se cumpla bajo arresto domiciliario, justificando el pedido en su edad, su pasado como dirigente nacional y las amenazas a su seguridad, particularmente tras el intento de asesinato que sufrió en 2022.
En un contexto de intenso escrutinio hacia la justicia argentina, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, mantuvo su posición ante las solicitudes de detención inmediata presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal ha otorgado un plazo de cinco días para que Kirchner y los otros condenados se presenten en la sede judicial de Comodoro Py.
Sin embargo, el fiscal continúa insistiendo en la necesidad de medidas más estrictas frente al volumen de fraude demostrado en la causa, conocida como “causa Vialidad”.
Paralelamente, el fallo obliga a Fernández de Kirchner a restituir más de 84.835 millones de pesos al Estado, una cifra significativa que implica una revisión detallada de su patrimonio, el cual incluye inversiones y acciones societarias. Este aspecto financiero del veredicto ha generado un debate sobre la naturaleza e impacto de su estructura patrimonial, especialmente considerando que su declaración patrimonial en 2023 ascendía a 250 millones de pesos.
Las implicaciones políticas de esta situación son amplias. Dentro del Partido Justicialista (PJ), se abre un escenario de disputa por el liderazgo y la conformación de listas electorales, considerando que la condena por inhabilitación afecta la capacidad de Kirchner para seguir ejerciendo un papel protagónico en la política del partido.
En este sentido, la situación de Cristina Kirchner se ha convertido en un tema central en las discusiones internas del peronismo, alimentando tanto el debate como las divisiones dentro del PJ.
La respuesta de la militancia, que desde hace días se mantiene presente frente a la residencia de la ex mandataria, refleja el pulso de una narrativa política que sigue viendo en CFK una figura central e indispensable para el movimiento. Este apoyo popular se manifiesta también en críticas a la judicialización de la política y en acusaciones de persecución judicial, elementos que matizan la percepción pública del caso.
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