
El Poder Ejecutivo oficializó la transferencia de la administración y custodia de la flota aérea presidencial al Ministerio de Defensa, a través de un decreto publicado en las primeras horas de este miércoles.
Este cambio se produce en el marco de una serie de adecuaciones administrativas y de competencias que tiene, entre sus antecedentes, el Decreto N° 317/25 que modificó las competencias de la cartera, asignando “la administración, operación, custodia y mantenimiento de las aeronaves” de uso exclusivo de la Presidencia.
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La reciente medida instrumentada bajo el número 377/2025 y firmada por el presidente Javier Milei y el titular de Defensa, Luis Petri, establece que la cartera ministerial asume la plena responsabilidad sobre los aviones presidenciales, con la incorporación de los respectivos créditos presupuestarios y el marco normativo de contratación ya vigente, “conforme los requerimientos e instrucciones que imparta la Secretaría General de la Presidencia”.
De esta manera, queda efectivizado el anuncio que el mandatario hizo a principios del año pasado, respecto a la transferencia de los vehículos al organismo que dirige el brigadier Gustavo Javier Valverde. Dicha información había sido confirmada a Infobae por fuentes oficiales.
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Dentro del conjunto de aeronaves transferidas se incluían un avión Boeing 737 (ARG 02) —también existe un Leart 60 (ARG 03) que ya estaba en manos de la Fuerza Aérea— y tres helicópteros, un Black Hawk S70 (ARG 10), un Sikorsky S 76 (ARG 11) y un Sikorsky S 76 (ARG 12).
En el mismo listado se destacaba el Boeing 757-256, adquirido durante la gestión de Alberto Fernández para desempeñarse como el ARG 01 (anteriormente conocido como Tango 01), y que comenzó a utilizarse en 2023. Luego de un largo proceso administrativo, la aeronave se compró en diciembre del 2022.
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Para la adquisición, el Gobierno había tenido que invertir USD 21.730.000 y entregar el viejo Tango 01, que estaba valuado en unos USD 3 millones. Tenía capacidad para 39 pasajeros, contaba con un dormitorio principal y otras dos habitaciones privadas.

La cartera de Defensa se ocupará de realizar las capacitaciones del personal asignado de acuerdo con estándares internacionales, como parte de responder a uno de los objetivos que implica el “aprovechamiento del personal y de los recursos técnicos”.
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No obstante, la iniciativa cumple con la política del Presidente orientada a disminuir las erogaciones estatales, de modo que la responsabilidad sobre los gastos de mantenimiento de la flota presidencial dejará de recaer en la Presidencia y pasará a estar bajo la órbita de la Fuerza Aérea.
Por otro lado, la adecuación preservará el esquema de contrataciones especial para la operatividad de estas aeronaves, que había sido dispuesto tras la exclusión del régimen general por el Decreto 1952/04 y la aprobación del régimen específico en 2022.
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Los cambios dispuestos en el Boletín Oficial incluyen al mismo tiempo la transferencia de la totalidad de los fondos previstos en el presupuesto para cubrir los gastos de funcionamiento y contratación de servicios vinculados al mantenimiento y operación aérea, los cuales continuarán bajo el régimen especial de contrataciones ya establecido para la flota presidencial.
En la órbita de Defensa, se incorporaron a la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico nuevas atribuciones vinculadas a las funcionalidades detalladas previamente, así como la responsabilidad de brindar información continua a la Secretaría General sobre el estado y cumplimiento de los estándares operativos de las aeronaves.
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A su vez, se eliminaron algunas funciones de áreas como la Dirección de Coordinación Operativa de Medios Aéreos y Movilidad y la Dirección General de Logística de la Casa Militar, y se incorporan nuevas acciones a la Dirección de Agrupación Aérea, todas ellas en línea con el traspaso de competencias y las necesidades de ajuste organizativo.
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