Congreso: piden desactivar los históricos descuentos compulsivos a empleados que fondean la obra social

Un tema que olvida más del 99% de los diputados y senadores no sólo en la actualidad, sino hace añares, volvió a ser solicitado: dos legisladores reclaman la desactivación de los descuentos compulsivos en los haberes de empleados del Congreso, con el fin de habilitar la triangulación de los mismos hacia la prepaga o servidor de salud que cada uno de los agentes crea conveniente.

Los discursos, ideas e intenciones en este sentido chocaron siempre con la misma muralla gremial: la Asociación del Personal Legislativo (APL), que comanda el temido por muchos y respetado por otros Norberto Di Próspero, el mandamás del sindicalismo parlamentario. Es que la Dirección de Ayuda Social (DAS) es una de las áreas más deliciosas, así como la histórica imprenta y la Biblioteca del Congreso, entre otras dependencias.

En medio de esta situación quedan miles de cumplidores trabajadores que se agotaron a la hora de reclamar una solución definitiva. Suelen ser los más perjudicados, mientras otros tantos aún ni fichan su presencia. Hablar suele tener consecuencias. La última experiencia, algo traumática, fue la famosa auditoría que la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y su entonces secretario administrativo, Helio Rebot, no quisieron dar a conocer. Al menos, desde la vía formal, con la para nada despreciable ayuda de operadores extra oficiales de turno.

La relación de ambos con el kirchnerista Di Próspero -apareció en la lista del PJ nacional que hoy maneja sin chistar la ex presidenta- se inició con complejidad y luego viró de manera notable, pese a las furiosas críticas del gremio contra la gestión de Mauricio Macri.

En Diputados, la situación fue mucho mejor, con Emilio Monzó como titular de la Cámara baja y Florencia Romano de secretaria administrativa. A ambos se los recuerda por un acto cargadísimo de emoción junto a Di Próspero y otros sindicalistas kirchneristas en Pasos Perdidos para celebrar los “logros de gestión”. Fue en noviembre de 2019, a días de que Macri perdiera las elecciones presidenciales contra Alberto Fernández, con la economía ya incendiada.

La iniciativa para romper con la retención de aportes obligatorios para la DAS -que tiene un convenio desde hace unos años con la prestadora OMINT- fue presentada el mes pasado por la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), y su colega del PRO y aliado libertario Fernando Iglesias.

En los argumentos del proyecto y, en referencia a lo ocurrido con Michetti y Rebot, recordaron: “En Noviembre de 2016, Poder Ciudadano denunció públicamente el amedrentamiento que sufrieron varios empleados de esta Casa, quienes a través de un amparo judicial solicitaron que el Senado entregue la auditoría que la vicepresidenta Gabriela Michetti ordenó realizar sobre la obra social del Congreso, ante las fuertes sospechas de corrupción en el manejo de los millonarios recursos que administra (entre ellos un fondo para trasplantes) y el reiterado reclamo de los empleados del Congreso por su mal servicio, lo que en muchos casos los obliga a pagar una prepaga porque, por ley, no pueden optar por otra obra social”.

Los diputados y senadores se encuentran exentos de esta trifulca y evitan confrontar con APL, como explicaron los impulsores del texto en cuestión. En ese sentido, advirtieron que “en el año 2001, los legisladores nacionales que aportaban a PAMI y a la DAS decidieron la creación de su propia obra social –OSLERA- que fue regulada por la resolución 451/2001 de la Superintendencia de Seguros de Salud”. Con ello, “se sustrajeron a la obligación de aportar a la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso, que ya en aquel entonces tenía serias dificultades económicas”. Pasaron tan sólo 24 años de eso.

“Contrariar el principio general establecido por toda la normativa que involucra al colectivo de trabajadores, y que como en el caso que nos ocupa se encuentra cautivo, importa un claro acto de discriminación por cuanto viola el principio de igualdad que pregona nuestra Carta Magna. No podemos permitir que esto se siga postergando en el tiempo”, resaltaron Campagnoli e Iglesias.

Sólo un ejemplo que grafica a la entidad. El año pasado, Infobae contó cómo un clan kirchnerista estuvo hasta 118 días sin trabajar y que, al enterarse de la revisión que realizaba la gestión iniciada por la libertaria Victoria Villarruel, renunció el 1 de julio. Entre ellos se encontraba Joel Dor Sebastián Lascano, hijo de la ex directora de la DAS Liliana Korenfeld —también ex estilista de Cristina Kirchner y otrora poderosa titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS)—. En ese momento, fue clave aquí la ahora ex secretaria administrativa María Laura Izzo. Hoy ya no forma parte del equipo.