
El Gobierno prepara un proyecto de ley destinado a combatir el accionar violento de las barrabravas de fútbol, después de la protesta violenta que protagonizaron esos manifestantes junto a militantes de izquierda, kirchneristas y grupos sindicales.
Según lo que pudo saber Infobae, la iniciativa está siendo trabajada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Casa Rosada y todavía requiere del aval final del presidente Javier Milei, que respaldó en las últimas horas a Patricia Bullrich, la funcionaria a cargo del operativo de ayer.
De acuerdo a lo que trascendió de fuentes oficiales, la iniciativa tiene varios aspectos centrales: la declaración de las barras bravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de esos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones.

Respecto del primer punto, la declaración de las barras bravas como asociación ilícita implica que las penas se asemejen a los distintos tipos delictivos que están en el Código Penal de la Nación, que van de un mínimo de tres años de prisión a los 20 años, como máximo.
En el Gobierno resolvieron apurar este endurecimiento de las penas después que ayer quedó expuesta la vinculación entre esos grupos con sectores políticos que impulsaron una protesta contra el Gobierno, que derivó en incidentes, destrozos y enfrentamientos con la Policía. El caso más grave es el de Pablo Grillo, un fotógrafo que fue herido por un impacto de un gas lacrimógeno en la cabeza y que actualmente lucha por su vida.
“Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados y eso provocó los disturbios que vimos ayer: la generalización de la violencia. Esta marcha estuvo organizada al grito de que se vayan todos, lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, aseguró Guillermo Francos en declaraciones periodísticas.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional evitaron dar precisiones sobre el contenido del proyecto de ley que se presentará en los próximos días, pero Infobae pudo acceder de fuentes del gobierno con algunos detalles del borrador sobre los que trabaja el Ejecutivo.
Entre esas definiciones está que se sancionará no solo a aquellos barras que operen dentro de los estadios de fútbol, sino que también alcanzará a los que actúen fuera de las canchas en relación con esos grupos delictivos. Uno de los ejemplos típicos que serán alcanzados por la iniciativa son los denominados “trapitos”, que cobran por estacionar los vehículos afuera de los estadios.
También, recogerá la normativa publicada esta semana por el Gobierno en el Boletín Oficial que sanciona a los hinchas de fútbol caracterizados que cometan actos violentos en la vía pública contra la autoridad o que impiden el libre tránsito.
De todos modos, una de las “novedades” que trae el proyecto es que se aplicarán sanciones y penas a los dirigentes de los clubes que suministren entradas a estos grupos violentos. La idea es evitar que, mediante la distribución de tickets de protocolo, provistos por los dirigentes, generen ingresos para sostener la estructura delictiva de esas bandas.

Además, en el borrador se otorga al Gobierno la facultad para disponer la inhabilitación administrativa para ingresar a los estadios, que será automática cuando haya un proceso abierto por violación a esta “Ley Antibarras”.
De acuerdo a lo que pudo saber este medio, los barrabravas que sean condenados podrían tener prohibido entrar a las canchas por tiempo indeterminado, mientras que los organizadores de espectáculos deportivos podrán ser sancionados si facilitan o permiten el ingreso de armas frías o armas de fuego.
“La clave es que con este proyecto se va a tratar a las barras bravas como organizaciones criminales”, explicaron las fuentes.
En las últimas sesiones extraordinarias se aprobó y luego se promulgó la denominada “Ley Antimafia”, que incorpora una serie de cambios para perseguir el delito complejo y la actuación de bandas criminales, que incluyen desde la duplicación de las penas, los decomisos de bienes y dinero de los delincuentes y la detención por hasta un plazo máximo de 30 días por averiguación de delitos.
Otra de las claves -que también podría tomarse en la “Ley Antibarras”- es responsabilizar a todos los integrantes de la organización criminal del delito más grave cometido por cualquier de sus miembros. “Si un chofer de un narco es detenido, podrá ser acusado de los asesinatos que haya cometido el capo y sus cómplices”, explicaron días atrás a este medio.
Finalmente, en el Ejecutivo aclararon que la iniciativa está todavía en instancia de borrador y que se presentará públicamente cuando el presidente Milei le dé su aval definitivo.
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