Se activa la bicameral que define el futuro de la Defensora del Niño, que se autoprorrogó el mandato

A fines de enero pasado, en una decisión que trajo polémica en el Congreso, la actual Defensora de Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se auto prorrogó el mandato, que vence hoy. La respuesta del Gobierno apareció esta semana: el Senado informó a tres de sus cinco representantes para la demorada bicameral que debe definir esta polémica y se sumaron a los que ya estaban de Diputados, quienes se reunirán el jueves próximo, desde las 14, con el objetivo de saldar la disputa en cuestión.

Lo más curioso del actual panorama es que el Frente de Todos, que se muestra proclive a prorrogar el mandato de Graham -hasta se presentó un proyecto en ese sentido- y defiende a defensora no envió a ninguno de los dos representantes que le corresponden en la Cámara alta. Al menos, hasta anoche. En cambio, el Gobierno -Javier Milei y Victoria Villarruel, entre otros- la quiere lejos de dicho sitial.

Graham se auto prorrogó el mandato el 7 de enero del corriente año. En el artículo 7 bis de la resolución que ella misma firmó, impuso: “En caso de no encontrarse dispuesta la reelección, o designación del sucesor del/la Defensora/or de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al vencimiento de su mandato, así como la del/la Defensora/or Adjunta/o, en su caso, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe la renovación de los mismos, de corresponder, o se designe sus sucesores”.

La ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.

Además, en el mismo se agrega que “las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. En tanto, el siguiente menciona los requisitos: ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y “acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia”.

Por último, el artículo 51 impone una duración en el cargo de “cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. Desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general. Lo cierto es que la funcionaria atravesó un frondoso concurso y todos los filtros impuestos por la normativa. Juró en el Congreso sobre el cierre de febrero de 2020.

Según confiaron fuentes de la Defensoría en enero, un tema más que delicado y “ético” apunta a los casi 400 casos aún vigentes, en el sentido de un futuro oscuro sin la posibilidad de contar con la representación del organismo. Es decir, un arma de doble filo que, en el fondo, esconde una penosa guerra política.

Por el Senado estarán las legisladoras Andrea Cristina (Chubut-Pro), Vilma Bedia (Jujuy-La Libertad Avanza) y Mercedes Valenzuela (Corrientes-UCR), y falta que el Frente de Todos designe a sus dos representantes. En tanto, por Diputados aparecen Nadia Márquez (Neuquén-La Libertad Avanza), Natalia Sarapura (Jujuy-UCR), María Sotolano (Buenos Aires-Pro), y las kirchneristas Eugenia Alianiello (Chubut) y Brenda Vargas Matyi (Buenos Aires). Entre oficialismo y dialoguistas, sumarían seis de los diez votos.