El Gobierno anunció que enviará un proyecto al Congreso de la Nación para que sea tratado en las Sesiones Extraordinarias para endurecer las penas para quienes provoquen incendios de manera intencional. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, busca reformar el Código Penal con el objetivo de aumentar las condenas, eliminar la posibilidad de excarcelación y establecer agravantes cuando el fuego afecte bosques, plantaciones o ecosistemas. Además, se agregará una agravante si el incendio tiene la intención de intimidar al poder.
El anuncio se da en el marco de los graves incendios forestales que han afectado a diversas regiones del país, especialmente en la Patagonia y Corrientes. Según informes oficiales, el fuego ha consumido más de 37.000 hectáreas en el sur, impactando principalmente las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.
La iniciativa fue presentada por los ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, quienes destacaron la necesidad de endurecer las penas para evitar que estos delitos queden impunes. “Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación”, declaró el titular de la cartera judicial en sus redes sociales.
Modificaciones propuestas en el proyecto de ley
La normativa vigente establece penas de 3 a 10 años de prisión para quienes inicien incendios de forma intencional. En caso de que el fuego genere peligro de muerte o provoque el fallecimiento de una persona, la condena puede elevarse hasta 20 años.
Con la reforma propuesta, las penas se incrementarían a:
- 4 a 12 años de prisión en los casos generales.
- Hasta 25 años si el incendio causa la muerte de una o más personas o genera un riesgo grave para la población.
Además, se eliminará la posibilidad de excarcelación, lo que impediría que los imputados por este delito puedan obtener la libertad mientras dure el proceso judicial.
Entre los nuevos agravantes incluidos en el proyecto, se destacan:
- Cuando los incendios afecten bosques, plantaciones o ecosistemas protegidos.
- Si el incendio se realiza con el objetivo de intimidar al Gobierno.
- Cuando el fuego ponga en riesgo infraestructura crítica o recursos naturales esenciales.
Los incendios en la Patagonia y la respuesta del Gobierno
La iniciativa del Ejecutivo surge en medio de una crisis ambiental en la Patagonia. Según datos oficiales, los incendios han afectado severamente distintas áreas, incluyendo el Parque Nacional Nahuel Huapi (donde ya se han quemado 10.200 hectáreas), el Parque Nacional Lanín (con 15.200 hectáreas consumidas por el fuego) y la localidad de El Bolsón, donde la superficie quemada supera las 3.600 hectáreas.
El ministro de Defensa, Luis Petri, visitó la región afectada y destacó el esfuerzo de los brigadistas y militares que trabajan para contener el fuego. “Es importante destacar la valiente labor del Ejército Argentino, que desde hace 45 días está trabajando día y noche para controlar los incendios”, afirmó el funcionario. También aseguró que “muchos de los incendios fueron originados de manera intencional” y que los responsables “pagarán las consecuencias de sus actos”.
Desde el Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo ha reiterado que algunos de los incendios en la Patagonia fueron iniciados con intenciones políticas. En este sentido, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, sostuvo que ciertos grupos buscan desestabilizar al Gobierno mediante estos siniestros. “Nosotros lo que decimos es que son golpistas del fuego. Básicamente, son los que están en contra del progreso de la Argentina”, declaró.
Posturas y debates en torno a la iniciativa
El proyecto de ley ha generado un amplio debate en el ámbito político y judicial. Mientras que desde el Gobierno nacional se insiste en la necesidad de sanciones más severas para desalentar estos delitos, algunos especialistas en derecho penal advierten sobre la eliminación de la excarcelación y el uso de la figura de terrorismo en estos casos.
El ministro de Defensa, Luis Petri, sugirió que el Poder Judicial impute a los responsables no solo por el delito de estrago o incendio, sino también bajo la figura de terrorismo, lo que podría aumentar aún más las penas. “Creo que la Justicia, los fiscales, tienen que imputar a todos y cada uno de los autores. Y no sólo por la figura de incendio, sino también por terrorismo, incrementando exponencialmente las penas, porque estos hechos de terrorismo se tienen que terminar”, afirmó el funcionario.
Desde algunos sectores de la oposición y organizaciones ambientales han expresado preocupación por el uso político de la iniciativa, señalando que podría derivar en la criminalización de ciertos sectores sociales sin pruebas contundentes.
El proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso se enmarca en un contexto de emergencia ambiental y política. Mientras se busca endurecer las penas para los responsables de incendios intencionales, el debate sobre cómo se aplicará la normativa y los criterios para determinar la intencionalidad seguirá abierto en el Congreso.
En las próximas semanas, la iniciativa será tratada en las Sesiones Extraordinarias, donde se definirá su aprobación y los alcances que tendrá en la legislación penal argentina.
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