El futuro de la Defensoría de Niños y Adolescentes impulsa una fuerte disputa entre dos espacios del Congreso

El futuro de la Defensoría de Niños y Adolescentes, comandada hoy por Marisa Graham, activó una carrera casi sin tiempo en el Congreso que derivaría en una nueva puja entre “verdes” y “celestes”, en referencia a los grupos que defendieron y denostaron años atrás la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), respectivamente. De manera silenciosa, el primer sector busca la manera de prorrogarle el mandato a la actual funcionaria -votada en 2020, con una gestión que finaliza en marzo de 2025- con una diferencia que traerá polémica: que tenga su aval de la bicameral encargada de definir el tema sin incluir el último paso, que es la aprobación en los recintos de ambas Cámaras.

La Casa Rosada rechaza de manera rotunda esta estrategia y prefiere la llegada del 1 de marzo de 2025 para dar por finalizada la gestión de Graham, sobre quien depositan diversas críticas -una envidiable estructura política-, pese a que llegó a su función tras un frondoso concurso que la depositó como candidata. La designación de la actual defensora se negoció en 2019 y se terminó de sancionar, en el Congreso, sobre el cierre de febrero de 2020.

Para entender mejor esta guerra en modo ninja, que comenzó a contar Infobae desde el mes pasado, hay que dirigirse a la ley 26.061 de 2005, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que establece en su artículo 49 que “el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes será propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que estará integrada por diez miembros, cinco de cada Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación que se llevará a cabo mediante un concurso público de antecedentes y oposición”.

Además, dicho artículo agrega que “las decisiones de esta Comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros”. En tanto, el siguiente menciona los requisitos: ser argentino, haber cumplido 30 años de edad y “acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia”.

Por último, el artículo 51 impone una duración en el cargo de “cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez”. Todo un desafío para el actual Congreso: desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general.

En medio de este escenario aparecen decenas de personas que desde hace largos años dedican su mayor esfuerzo en un área sensible que, al final de cuentas, queda resumida a una feroz batalla política. Por eso las señales de alarma que encendió el Ejecutivo libertario para, por lo menos, dilatar el tratamiento de esta cuestión.

De hecho, los plazos para designar a una nueva autoridad no son cumplidos, lo que dificulta aún más un entendimiento. Además, la bicameral no fue integrada: Diputados ya envió a sus representantes y resta que lo haga el Senado. En la Cámara alta, son varios los anotados para cinco butacas y, en vez de ayudar, perjudica el devenir del asunto.

Por todos estos motivos, legisladores “verdes” iniciaron la siguiente exploración: forzar la luz verde de la bicameral para iniciar un proceso contrarreloj que serviría para presionar una prórroga parcial o total del mandato de Graham -no están decididos los pormenores- desde la bicameral y evitar, en un principio, los recintos.

“Si ganó el concurso y ya pasó todos los filtros de Diputados y el Senado, ¿es necesario todo de nuevo?”, reflexionó un importante legislador de la oposición ante este medio. La postura vigente del Gobierno parece ser simple: esperar hasta marzo con o sin bicameral -aunque temen por recintos- y, a partir de allí, iniciar un nuevo trámite. Tras aprobarse la ley de 2005, el Congreso tardó 15 años en designar a quien es hoy la actual defensora.