La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este viernes 15 de noviembre por “retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina”, y reclamó que el país sostenga sus políticas en contra de la violencia contra las mujeres. Lo hizo a través de un comunicado, un día después de que se conociera el voto negativo en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), con el que Argentina rechazó una resolución conjunta, debatida por 170 países, sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
“La justificación economicista de los recortes por parte del Gobierno no fue aceptada por la Comisión. Su Presidenta y los comisionados presentes afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. Lo que no se nombra no existe”, enfatizaron en un texto conjunto los integrantes del organismo.
En el informe, difundido este viernes, la CIDH comunicó detalles de una audiencia llevada a cabo el jueves 14 de noviembre, en el que sus miembros le pidieron explicaciones al Gobierno de Javier Milei. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino el jueves 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales”.
Según explicaron, el llamado se hizo eco de que “organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina”.
“Durante la audiencia - detallaron-, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género”.
El resultado fue negativo, de acuerdo a lo informado por la CIDH. “El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional”.
“Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la CIDH a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva”, añadieron.
“Esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas”, indica el texto.
De la audiencia que cuestionó al gobierno argentino participaron Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps). Sus representantes expusieron información que advierte sobre “el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva”.
“Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, afirmó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.
Por su parte, Mayca Balaguer de FUNDEPS, señaló que “el desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a intervenir activamente”.
Finalmente, el comunicado de la CIDH advierte sobre el impacto regional de la posición adoptada por el gobierno de Milei en Argentina.
“La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros Estados de América Latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar”, alertaron.
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