El Gobierno de Rogelio Frigerio reclama que desde 2013 a la represa de Salto Grande le vienen pagando poco por la energía que genera. En el fondo, está la intención de que la Provincia se quede con el complejo hidroeléctrico. En ese sentido, este miércoles, desde la provincia fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra Nación por USD 175,5 millones más intereses.
La administración conducida por el ex ministro del Interior de Mauricio Macri considera que ha sido afectada por esa cifra debido al bajo precio que la Secretaría de Energía fijó desde 2013 a la energía que produce la represa ubicada sobre el río Uruguay, a la altura de Concordia y Salto (ROU).
Desde 1999, los excedentes de la represa (ingresos menos gastos de funcionamiento) se reparten entre Entre Ríos (67,5%); Corrientes (27,5%) y Misiones (5%). Eso quedó establecido en la denominada “Ley Maya”, sancionada por el Congreso y que avaló el acuerdo entre la Nación y las provincias.
“Hace 4 meses el gobernador nos encargó que viéramos qué pasaba con los excedentes que tenían un comportamiento tan irregular: subieron en un momento y bajaron en otro”, puntualizó el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, durante una rueda de prensa.
Según los cálculos del Gobierno de Entre Ríos, entre 1999 y 2013 la Secretaría de Energía fijó un valor promedio de 30 dólares por Mw. Esto cambió con la resolución 95/13: el precio bajó a USD 14. Desde allí, con vaivenes, fue cayendo. Hoy por hoy, el Mw de Salto Grande se paga USD 2,9. La represa aporta el 7% del total de la electricidad que se consume en el país.
Esta decisión llevó a que los excedentes se redujeron de casi USD 80 millones en 2012 a menos de USD 5 millones en 2024. Hubo años, incluso, en los que el monto fue cero.
En el escrito de la demanda se reseñó que las provincias “no fueron notificadas ni se les consultó sobre la decisión del Gobierno nacional” que se tomó en 2013 “sin otra finalidad que apropiarse de los excedentes que les correspondían a las provincias damnificadas para subsidiar el conjunto del sistema”. El planteo es que, a costa de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, se mantuvo el esquema de tarifas bajas para los usuarios de los grandes centros urbanos.
El reclamo concreto de Entre Ríos es que la Corte dicte la inconstitucionalidad de las resoluciones que Energía viene dictando desde ese año. Y que dé cabida a la provincia en el diseño del precio que se le paga a la represa por la electricidad. La meta es que se tome como parte del valor del Mw el costo de las obras complementarias de Salto Grande que nunca se realizaron, entre ellas la esclusa de navegación para permitir el tráfico fluvial hacia el norte, hasta Brasil, y los sistemas de riego para la producción local.
Bajo el paraguas del 969
El monto que el Estado entrerriano reclama a la Nación está en consonancia con el valor de inventario que tendría la obra civil de Salto Grande luego de haberse amortizado durante más de 40 años.
Por eso en el Gabinete de Frigerio no disimulan que la posibilidad de que la demanda avance podría permitir una compensación con Nación a través de la cesión de la propiedad del complejo hidroeléctrico. Esta alternativa quedó sobre la mesa luego del decreto 969/24, firmado por el presidente Javier Milei hace unos días.
Durante la conferencia de prensa de este mediodía para informar de la acción judicial, Rodríguez Signes se refirió a esta normativa.
“El Poder Ejecutivo acaba de dictar el decreto 969, por el cual se establece un mecanismo para compensar deudas y créditos entre la Nación y las Provincias. Entre Ríos no le debe nada a la Nación, pero puede ser un canal para intentar un acercamiento y un reconocimiento viable. Me estoy adelantando muchísimo. Pero nosotros preferimos tener la demanda presentada”, aseveró.
“El régimen (del 969) no nos obliga a renunciar a derechos, nos posibilita abrir un canal administrativo sin renunciar a la vía judicial”, agregó.
Acompañado por la secretaria de Energía de la provincia, Noelia Zapata, el funcionario recordó que Entre Ríos ya demandó a la Nación ante la Corte por $3 mil millones más intereses por la falta de transferencia de excedentes de Salto Grande. Ese monto se calculó con base en los valores que ahora se ponen en cuestión.
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