Incómodo por la judicialización de la interna, en el kirchnerismo crece la incertidumbre por el fallo de Servini

Sobre el escritorio de la jueza federal María Servini está el futuro del PJ Nacional. Lo que decida la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N1°, con competencia electoral, será lo que marque el destino de una parte importante de la discusión interna del peronismo.

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela esperan la resolución de la histórica jueza, que lleva atendiendo temas electorales desde hace tres décadas. En el escrito elevado a su juzgado, el riojano, a través de sus apoderados, cuestionó con mucha dureza el accionar de la Junta Electoral del partido que, en dos oportunidades, decidió no habilitarlo para la competencia.

Según marca la ley de partidos políticos (23.298) en su artículo 32, la junta electoral partidaria es la que debe impartir justicia en el proceso electoral interno, mientras que la justicia electoral de primera instancia -en este caso Servini- oficia como cámara de apelación, motivo por el que la decisión que tome es inapelable. Por eso, lo que Quintela planteó en el escrito que le envío a Servini sobre la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema si rechaza su planteo, fue solo una expresión de deseo.

En todo caso, el órgano que podría intervenir es la Cámara Nacional Electoral (CNE), pero su ingreso en la disputa está atado al planteo que hagan los apoderados de cada lista frente a la decisión tomada por la magistrada. A la CNE solo se le puede apelar el escrutinio definitivo, pero aún no hay una elección en marcha. Si la discusión se da en el marco de las leyes existentes, la palabra final de Servini debería culminar con el contrapunto peronista.

El gobernador de La Rioja pidió que se le apruebe su lista para competir pero, al mismo tiempo, solicitó postergar la elección. Pidió la suspensión de los comicios pautados para el domingo 17 de noviembre. El argumento es que la junta electoral manipuló sus avales, que fue parcial en su accionar y que no preparó el proceso electoral con el tiempo debido, con el fin de evitar suspicacias y asegurar un proceso transparente.

Quintela quiere que las elecciones pasen para más adelante, antes del 11 de marzo del 2025, fecha en la que se vence los mandatos de las autoridades actuales. Los apoderados de Cristina Kirchner esperan una resolución favorable a la ex presidenta porque consideran que es muy voluminoso el cúmulo de irregularidades de la lista del riojano.

Todos los dirigentes de la Junta Electoral del PJ coincidieron en marcar que había una gran cantidad de irregularidades en la lista del Gobernador, a la que le faltaban fotocopias de DNI adjuntadas, firmas y nombres, además de avales que fueron observados por no quedar en claro su veracidad. A algunos de los intregrantes lo que más les llamó la atención fue que no hayan presentado la lista con avales sobrados y sin faltantes, teniendo en cuenta que se trataba de una candidatura que iba a enfrentar a la de CFK.

Es decir, sabían que había diferencias claras respecto al poder y el volumen de cada candidato, y que el cristinismo iba a mirar exhaustivamente, a través de dirigentes que le responden en el órgano partidario, cada una de las planillas en las que se presentaron los avales para sostener la candidatura. Aún así, tuvieron muchas falencias que la junta, por unanimidad, les marcó el viernes de la semana pasada y que terminaron con la no aceptación de la lista para competir.

En el órgano del PJ que componen 15 dirigentes de diferentes vertientes del peronismo se molestaron con las críticas públicas de Quintela y las denuncias de parcialidad en el proceso electoral. “En vez de juntar lo que tenían que juntar en el plazo que les dimos, salieron a hacer planteos por los medios y autoproscribirse”, indicó uno de sus integrantes.

Según pudo reconstruir Infobae, el kirchnnerismo tuvo dos propuestas para Quintela, que el riojano no aceptó. La primera fue incorporarse a una lista de unidad, ser el vicepresidente primero del partido y quedarse con el 25% del total de la lista, que es el porcentaje que le hubiese tocado en representación de la minoría. No lo aceptó.

Luego, para que compitiera, le ofrecieron subterráneamente prestarle avales de los que tenían de reserva. Quintela volvió a decir que no. El kirchnerismo quería realizar los comicios, con la certeza de que ganarían por paliza. “Ellos siempre supieron que iban a judicializar la elección. Tienen un acuerdo con el Gobierno”, aseguraron cerca de la ex vicepresidenta.

No hay pruebas, pero no hay dudas. Para el kirchnerismo esa definición es aplicable al vínculo político entre Quintela y la Casa Rosada. Entienden que existe una acuerdo espurio que tiene relación con el momento financiero que vive La Rioja. Nadie lo puede confirmar con argumentos sólidos, más allá de tomar conocimiento de la reunión que Jorge Yoma, apoderado del riojano, tuvo con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos el último lunes.

“Servini le va a dar la razón al ‘Gitano’. Nos va a cagar. Esta pelea no es por los avales, es por el poder”, fue la expresión sincera de un dirigente de estrecha relación con CFK. En el peronismo no se olvidan que Servini intervino el partido durante el gobierno de Mauricio Macri y designó como interventor a Luis Barrionuevo, un contrincante de la ex mandataria.

En las próximas horas Servini debe expedirse sobre el tema. En el kirchnerismo hay posturas encontradas. Una atada a los vericuetos del poder político, que dan como resultado una decisión contraria a los intereses de Cristina Kirchner, y otra vinculada estrictamente a la documentación presentada, que en el Instituto Patria aseguran que es imposible de avalar por la jueza federal debido a la cantidad de inconsistencias e irregularidades.