El Gobierno vuelve a enfrentar a una jornada tensa, tanto por lo que pase dentro como fuera del Congreso: a partir de las 13 un amplio espectro de organizaciones sindicales, piqueteras, sociales y partidos de izquierda, se concentrarán frente al edificio legislativo para protestar contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. A esa hora, los diputados estarán debatiendo, en una sesión especial, si aprueban o rechazan la medida firmada por Javier Milei.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, se preparan para eventuales incidentes con los manifestantes. La orden es hacer cumplir el protocolo antipiquetes a rajatabla y ya se dispuso un amplio operativo. La Policía de la Ciudad actuará de manera coordinada con las autoridades nacionales, como lo vienen haciendo desde que Jorge Macri llegó a la jefatura porteña.

Bullrich fue tajante en sus declaraciones previas a la marcha de hoy: “Nosotros tenemos una decisión, que este país tenga orden público. Las personas pueden marchar pero bajo ciertas circunstancias, hay un protocolo”. Ayer, el alcalde porteño, en conferencia de prensa, se expresó en el mismo sentido: “Tenemos, como siempre, el tercer círculo de seguridad respecto del Congreso. Vamos a garantizar la seguridad y el orden en la Ciudad, es algo que no se negocia. La discusión de leyes tiene que darse en el ámbito legislativo y no se debe imponer desde afuera por parte de grupos agresivos”.

En el Ministerio de Seguridad de la Nación se encendieron luces rojas después de escuchar declaraciones de algunos de los dirigentes que convocan a la protesta:

• El Secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, arengó a “mostrar rebeldía para, conquistar el poder”.
• Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero y referente del Bloque Nacional piquetero opinó que “las calles no son de Patricia Bullrich, son de los trabajadores”, y adelantó que su organización marchará al Congreso “junto al sindicalismo combativo las CTA y algunos gremios de la CGT”.
• Por su parte, desde Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, llamó a los estatales a movilizarse “de forma masiva y rechaza la aplicación del protocolo anticonstitucional de Patricia Bullrich”.
• Varios secretarios generales que integran la CGT, al igual que movimientos sociales como el Evita, el MTE, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, publicaron comunicados en las que se afirman que “esperan una multitud para enfrentar desde las calles la decisión presidencial”.
• Entre los que llamaron a movilizar destacan los movimientos que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Sindical, que lidera Pablo Moyano, la Corriente Federal, cuyo referente principal es el secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo.
• También llamaron a “presionar a los diputados y luchar contra la política de ajuste de La Libertad Avanza: Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina; la Mesa de Organismos de Derechos Humanos; Territorios en Lucha, que cuenta entre sus referentes a la líder de Libres del Sur, Silvia Saravia, y organizaciones de izquierda como el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras.

El operativo de seguridad

Desde la cartera de Bullrich, como ocurrió durante el debate por la Ley Bases, donde hubo enfrentamientos muy violentos entre las fuerzas federales y los manifestantes afirmaron que no dejarán nada librado al azar. Ya fueron puestos en alerta los grupos especiales de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, también la Brigada Motorizada que, junto a los camiones hidrantes, estarán apostados en los alrededores del Palacio Legislativo que estará vallado. El gobierno porteño ya anunció que habrá una reducción de circulación a partir de las 11. Desde el Ministerio de Seguridad advierten que las organizaciones sindicales y organismos de izquierda, piqueteras, La Cámpora y sindicatos “del ala dura cuentan dentro de las mismas con grupos de miembros de carácter violento que aprovechan la masividad para realizar desmanes y generar violencia”.

Hay funcionarios de la Cartera de Bullrich que evalúan que hoy podrían existir “provocaciones a las fuerzas de seguridad con el objetivo de encontrar una excusa y levantar la sesión parlamentaria. También se prevé que lleven elementos incendiarios e instiguen a la violencia”.

Como anunció Jorge Macri, la Policía de la Ciudad se concentrará en un tercer cordón. Por su parte, la Policía Federal estará presente en el siguiente perímetro: desde la avenida Callao y Sarmiento, por Callao y su continuación, Entre Ríos, hacia el sur hasta la avenida Belgrano, continuando por esta hacia el Río de la Plata hasta su intersección con San José, yendo hacia el norte por su continuidad, Uruguay, hasta encontrarse nuevamente con Sarmiento.

La marcha de hoy será la más importante de las últimas que se realizaron por el mismo motivo. Y está precedida de declaraciones de los principales dirigentes sociales, políticos y sindicales. Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le dijo a Infobae: “Acompañamos nuevamente el reclamo de los Jubilados por el aumento de su salario. El gobierno hambreador pretende plantear como desestabilizador un reclamo por ingresos justos para quienes aportaron durante toda su vida laboral”. Y agregó: “En las ollas vemos todos los días cada vez más jubilados y jubiladas haciendo fila para retirar su plato de comida a lo cual ahora se le sumó el pedido de ayuda para conseguir algunos medicamentos que ya nos están a su alcance”. Sobre el gobierno de La Libertad Avanza, agregó: “Están festejando el superávit sostenido por el hambre de los más débiles, todos y todas deberíamos estar en las calles bancando a esos viejos y viejas que con su trabajo hicieron la Argentina en la que hoy vivimos”.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres Del Sur e integrante de Territorios en Lucha, opinó al ser consultada por este medio: “Veremos hasta dónde puede llegar la complicidad de los legisladores con el ajuste a los jubilados que aplica Javier Milei. Esperemos que ratifiquen lo votado al aprobar la ley”. Saravia también adelantó: “Vamos a estar en las calles una vez más para hacer uso de nuestro derecho constitucional, y recordarles que este pueblo seguirá expresando su descontento en las calles, pese a la aplicación del plan sistemático de atemorizar y criminalizar las voces disidentes”.

Johana Duarte, referente del Movimiento Evita y secretaria gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, expresó: “Seremos miles en el Congreso para rechazar el veto de Milei a la movilidad jubilatoria y para repudiar el plan económico de ajuste y saqueo de la libertad avanza, que le niega un ínfimo aumento a las jubilaciones pero si destina 100.000 millones en fondos reservados a la SIDE. Esta movilización se va a replicar en todo el país y los diputados que por ausencias o por votos que avalen el veto criminal a la movilidad jubilatoria el pueblo no les va a perdonar que estén empujando a la indigencia a miles de jubilados que toda su vida trabajaron y tienen el derecho a tener una jubilación digna”.

Por último, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, sostuvo: “Al plan de pobreza, este Gobierno le agrega la represión en la calle. Ya vimos las imágenes del operativo de Patricia Bullrich desplegando palazos y golpes contra los jubilados que se movilizan. Esto es parte del accionar de un Gobierno que no tolera ningún tipo de disidencia y que carece de capacidades para dar respuestas a la sociedad sin el uso de la fuerza”.

Hoy los piqueteros, movimientos sociales o organizaciones sindicales salen a las calles a desafiar, aspiran de manera masiva, el protocolo antipiquetes del Gobierno nacional luego de cinco meses sin marchas y cortes en el centro porteño, sobre todo de la Avenida 9 de Julio, en este caso, para rechazar el veto presidencial a la ley sancionada por el Senado el 22 de agosto. Diez días después, el 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Desde el PEN también se argumentó: “Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.