Tras haberle recortado el presupuesto y achicado su planta de empleados, el Gobierno de Javier Milei avanzó con la reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La decisión se hizo efectiva a través del Decreto 662/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, mediante el cual se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) con el objetivo de dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a la aplicación de la misma, modernizando y optimizando el funcionamiento del organismo.
Entre los puntos clave de la reestructuración del INCAA, el Gobierno señaló que busca racionalizar recursos y reducir aún más la planta de empleados, que ha crecido de manera desproporcionada, afectando el presupuesto destinado al fomento del cine. “En el año 2000, en el mencionado Instituto revistaba una planta de empleados de aproximadamente NOVENTA (90) personas, mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de NOVECIENTOS (900) agentes”, ejemplificó el Poder Ejecutivo y agregó: “El aumento desproporcionado de la planta llevó a que, en el ejercicio anterior, el 42 % de los ingresos se destinaran a sueldos, lo que perjudica directamente el objeto principal del INCAA, es decir el fomento de la actividad cinematográfica”.
“A lo largo de los años se le delegaron al mencionado Instituto tareas que ninguna relación tienen con sus misiones y funciones”, consideró el Gobierno de La Libertad Avanza. “El aumento de tareas no relacionadas y el incremento exponencial de la planta de empleados llevó a que, en el año 2023, se requirieran aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por, aproximadamente, la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS MILLONES ($1.900.000.000) para afrontar gastos operativos, incluyendo la realización del “Festival Internacional de Cine de Mar del Plata” y “Ventana Sur”. Adicionalmente, el organismo se endeudó con proveedores por la suma de PESOS SETECIENTOS MILLONES ($700.000.000), deuda que fue transferida al ejercicio 2024″, se informó en los considerando del decreto publicado este miércoles.
En ese sentido, señalaron que el déficit de ejecución del ejercicio 2023 del mencionado Instituto “fue de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES ($2.600.000.000), lo que implica una afectación directa al presupuesto 2024″.
Para optimizar recursos, se propone modificar el sistema de entrega de subsidios, priorizando la calidad, exhibición y recuperación de fondos otorgados, en lugar de preferencias ideológicas.
Entre los ajustes administrativos, hoy se derogaron decretos con la excusa de eficientizar los procesos dentro del INCAA.
La reglamentación fue presentada como anexo en el texto publicado esta madrugada. Allí se precisó que los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor desempeñarán sus cargos “ad honorem”. Serán consideradas representativas las entidades con personería jurídica o gremial que nucleen al menos la quinta parte de los profesionales del sector y que hayan tenido actividad en los dos años anteriores.
Además, el Presidente del INCAA fijará la cuota de pantalla para películas nacionales de largometraje y cortometraje, segmentándola según características de las salas de exhibición.
Con respecto a la asistencia estatal, el INCAA evaluará la aptitud de los proyectos para ser subsidiados, considerando la presentación de un plan completo de producción y financiamiento acreditado. El subsidio no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico y no podrá significar más del 50% del costo de producción total del proyecto.
El presente decreto entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de la reglamentación del artículo 24 de la Ley en el cual se estableció que “el Fondo de Fomento Cinematográfico se aplicará a: a) los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del INCAA, que no podrán exceder el 20 % del total de los recursos anuales percibidos”. La aplicación de dicho artículo comenzará a regir a partir del 1º de junio de 2025.
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