El Gobierno Nacional prorrogó por 180 días el plazo para que las empresas estatales se conviertan en sociedades anónimas.
La medida fue confirmada a través del Decreto 553/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, bajo el argumento de la necesidad de enfrentar el déficit fiscal y mejorar la administración de las empresas del Estado.
Ni bien asumió al frente del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. En este marco, “con el fin de abordar el grave déficit fiscal generado por las empresas públicas, se ordenó modificar el status jurídico de las mismas, transformándolas en Sociedades Anónimas, acorde al régimen de la Ley General de Sociedades Nº 19.550″, recordó el Gobierno.
Para encarar el proceso de transformación de las compañías, se estableció un período máximo de transición de 6 meses. “Iniciado dicho proceso se ha tomado conocimiento del grave estado administrativo de las referidas organizaciones, las que, en su gran mayoría, no contaban con un análisis actualizado de su situación patrimonial y, en ciertos casos, con los instrumentos societarios actualizados inscriptos ante el Registro Público de Comercio correspondiente”, advirtió el Poder Ejecutivo.
Con esta decisión se busca dar más tiempo para completar el proceso de transformación y garantizar una transición ordenada y efectiva. El decreto lleva la firma de Javier Milei y de todos sus ministros.
Frente a este panorama, hoy se oficializó al nuevo encargado de administrar las compañías públicas. Se trata del abogado Diego Chaher, quien viene de ser la cara visible de la intervención en la ex Agencia Télam. Si bien está en funciones desde hace algunas semanas, restaba la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial.
Chaher asume como secretario de Empresas y Sociedades del Estado, dentro de la Jefatura de Gabinete, en lugar de Mauricio González Botto, quien decidió dejar el cargo tras la salida de Nicolás Posse del Gobierno.
González Botto fue el encargado de relevar mediante auditorías qué ajustes había que hacer en esa nómina de compañías que incluía a AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF, Correo Argentino, la Administración General de Puertos, Télam, la TV Pública y Ferrocarriles Argentinos, entre otras. Aunque algunas de ellas tuvieron que ser excluidas de la versión final de la Ley Bases, el funcionario saliente avanzó sobre varias con medidas fuertes como la reducción de personal, la cancelación de contratos y el cierre de dependencias para achicar costos.
Mediante el Decreto 549/2024, publicado esta madrugada, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de González Botto, a quien se le agradeció “los servicios prestados en el desempeño de su cargo” y se oficializó la designación de Chaher.
Por una cuestión de formalidad, en el mismo decreto se confirmó la renuncia de Chaher a su cargo como interventor de Télam, que a su vez incluía el control de Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y Educ.Ar.
En Télam, el abogado mendocino cumplió en gran parte con su cometido, según evalúan en Balcarce 50, porque casi la mitad de los empleados ya se acogieron al retiro voluntario que se implementó y que culminó semanas atrás. Eso le permitió ganar espacio y reputación en las filas del oficialismo.
Aseguran que en la decisión pesó la influencia del asesor presidencial, Santiago Caputo, y también su buena relación con José “Cochi” Rolandi, secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, el número dos de esa cartera. Rolandi tuvo un rol clave en las negociaciones para que la Ley Bases avanzara en el Congreso y se ganó la confianza de todos. Cuando Posse renunció, fue ratificado.
El Gobierno tienen decidido ir a fondo con los cambios en las empresas públicas que pasarán a la órbita privada. Y por eso querían definir con rapidez quién quedaría a cargo de esa tarea, que implica el despido de miles de trabajadores.
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