Con apoyo opositor, Lousteau pidió una sesión especial en el Senado para tratar el financiamiento a las universidades públicas

Tras la masiva marcha a Plaza de Mayo en defensa de la educación pública, el senador nacional Martín Lousteau presentó un pedido de sesión especial acompañado por ocho senadores de diferentes bancadas para que el martes se traten proyectos que permitan garantizar el financiamiento a las universidades públicas que tienen estado parlamentario y no se tratan en comisión.

En el pedido se solicita que se lleven al recinto y se debatan tres proyectos que abordan desde diferentes ópticas la cuestión que precipitó la movilización multitudinaria: la reducción drástica de los recursos a las 66 universidades, que según los rectores y la comunidad educativa podría impedir el normal funcionamiento antes del receso de invierno.

Entre los proyectos que Lousteau pidió se traten se destacan uno de su autoría, que declara la emergencia del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024 y establece los mecanismos de financiamiento del mismo. Otro, de la neuquina Silvia Sapag, que declara la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante el año 2024 y eleva la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones para este año. Y último, también de Sapag, que establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032.

“El tratamiento urgente y especial de los proyectos solicitados se enmarca en la situación de desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de lograr sostener y garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las Universidades Nacionales”, sostuvieron los ocho senadores nacionales que proponen sesionar el próximo martes a las 14.

Los firmantes están encabezados por el presidente del Bloque de la UCR, Eduardo Vischi. También acompañan el pedido de sesión especial, Guadalupe Tagliaferri (PRO, Ciudad de Buenos Aires); Carlos Espínola (Unidad Federal, Corrientes); Alejandra Vigo (Hacemos Córdoba, Córdoba) y los radicales, Maximiliano Abad (Buenos Aires); Daniel Kroneberger (La Pampa), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Flavio Fama (Catamarca).

El pedido de sesión especial ocurre a 48 horas de la masiva movilización en defensa del valor de la educación pública de estudiantes, personal docente, no docente, científicos del Congreso a Plaza de Mayo, que contó también con la participación de fuerzas políticas de la oposición -entre ellas el peronismo, un sector de la UCR, la izquierda, la Coalición Cívica de Elisa Carrió- pero también movimientos piqueteros y columnas del sindicalismo, tanto de la CGT como de las dos CTA.

Esa marcha, que convocó a un mínimo de 150 mil personas y 500 mil -según el cálculo del gobierno y el de los organizadores, generó un fuerte impacto político, que excedió por lejos la cuestión educativa y significó el primer desafío fuerte al gobierno de Javier Milei.

La reacción del presidente

De hecho, el presidente utilizó sus redes sociales este miércoles para cargar otra vez contra la “casta”, en este caso por haber participado de una causa “noble” como lo fue marcha universitaria realizada el martes, mientras que aclaró que nunca habló de “cerrar las universidades nacionales”. “Vimos como, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses”, expresó en su cuenta de la red social X.

“Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta”, continuó y aclaró: “En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales”.

De todos modos, hasta este jueves no se había definido una hoja de ruta en la negociación entre la Casa Rosada y la comunidad universitaria, aunque el gobierno tuvo un gesto clave: retiró de la mesa de diálogo al subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez y puso en su lugar al secretario de Educación, Carlos Torrendell.