Uno de los sindicatos estatales recurrirá a la Justicia para frenar los despidos y se diferencia de la estrategia dura de ATE

En medio del ajuste en el Estado y los despidos de empleados públicos, los dos sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales acentúan cada vez más una estrategia distinta para intentar revertir las medidas del Gobierno. Mientras la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) promovió este miércoles la ocupación de los edificios públicos con el personal cesanteado y ya anunció un paro con movilización para este viernes, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) adoptó una actitud distinta, con asambleas, batucadas y sin huelgas prolongadas ni ocupaciones de dependencias oficiales, e incluso ahora anunció que irá a la Justicia para frenar los despidos de estatales.

Según se acaba de confirmar, Andrés Rodríguez, líder de UPCN y secretario adjunto de la CGT, presentará este jueves, a las 12, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57, ubicado en Lavalle 1268, una acción de amparo colectiva para que “se ordene al Estado empleador el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales” (sin perjuicio de las “cientos de acciones judiciales individuales que se encuentran en curso”, como aclararon en el sindicato).

En la presentación judicial, el gremio que encabeza Rodríguez fundamenta su pedido en el hecho de que, “mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que consagran al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo”.

“Bajo la excusa de supuestas auditorías se ha despedido personal contratado en 2023, pero también contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente -agrega-, sin que esas desvinculaciones respondan a lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado y sin atender ninguna dotación necesaria con respecto a la política pública que se brinda en cada sector”.

Al anunciar la presentación del amparo colectivo, UPCN calificó de “atropello injusto y desmedido” a los despidos de estatales y destacó que se ha declarado “en estado de alerta y movilización permanente, desplegando todas las acciones gremiales y judiciales a su alcance para revertir esa situación, dispuesta como siempre a establecer el necesario diálogo que permita a las autoridades expresarse sobre cuál es la situación real del empleo público en su conjunto”.

Rodríguez integra el sector dialoguista de la CGT y eligió una estrategia diferente para reclamar desde el sindicato más representativo del personal de la administración pública nacional: realiza protestas específicas en las dependencias afectadas por los recortes, como la ANSES y las secretarías de Trabajo y de Salud, entre otras. Y fuentes del gremio anticiparon que podrían concretar paros de 2 o 4 horas, aunque no prevén por ahora una huelga de 24 horas ni la ocupación de los edificios.

La estrategia de ATE, conducida por Rodolfo Aguiar, es completamente distinta. Enrolado en la fracción más dura del sindicalismo, como parte de la CTA Autónoma, este gremio estatal eligió un camino de confrontación directa y permanente contra el gobierno de Javier Milei.

Esas diferencias los llevó incluso a discrepar ante los aumentos salariales negociados en la paritaria estatal. UPCN aceptó el último incremento del 8% para marzo y destacó que representa un total acumulativo de 175,72% en el período junio 2023-marzo 2024, mientras que ATE lo rechazó por insuficiente y consideró que la reunión oficial para tratar el tema fue “una maniobra” para que el gremio levante el paro de 48 horas dispuesto por el posible despido de empleados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que finalmente quedó sin efecto.

Ahora, en medio de las presiones para endurecer las protestas sindicales contra Milei, Andrés Rodríguez profundizó su estrategia al decidir el recurso del amparo colectivo. Confía en que, como sucedió con la reforma laboral incluida en el DNU 70, la Justicia puede darle una buena noticia.