El Gobierno avanza con el proyecto para bajar la imputabilidad a los 14 años y el foco está en qué hacer con los menores condenados

Pese a la suerte esquiva que el Gobierno tuvo en el Congreso con sus iniciativas, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a avanzar de manera decidida en la redacción y posterior presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil que tenga entre sus principales disposiciones la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años y la creación de un sistema para contener y resocializar a aquellos menores que reciban una condena.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el funcionario y su equipo de asesores estuvieron trabajando el fin de semana extra largo para avanzar con la decisión que tomó el jefe de Estado de establecer un nuevo marco normativo para enfrentar casos como el que ocurrió hace dos semanas en Rosario, donde el crimen del playero Bruno Bussanich podría quedar impune debido a que el autor material del asesinato tiene 15 años y por lo tanto está exento de responsabilidad penal.

Si bien en el inicio del receso por Pascuas y el homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas se había adelantado que el texto del proyecto iba a ser presentado esta semana, no se descartó entre los colaboradores de Cúneo Libarona que se concrete la semana próxima. “El pedido del presidente es que se presente cuanto antes y así se hará, pero es un proyecto muy sensible que debe ser presentado con mucha rigurosidad”, explicaron a Infobae.

En la iniciativa trabaja, además del titular de la cartera de Justicia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que junto con el presidente fueron los primeros que reaccionaron con vehemencia cuando se conoció la detención del presunto asesino del playero. La dirigente del PRO, de hecho, formó parte del gobierno de Mauricio Macri que también tuvo en 2017 entre las prioridades una reforma del régimen penal juvenil, que nunca fue llevado siquiera al Congreso. Esa iniciativa, la última que impulsó un Gobierno, establecía reducir de 16 a 15 la edad de punibilidad y establecía una serie de graduaciones según el tipo de gravedad que tuviera el delito cometido.

En el caso de la propuesta que trabaja Cúneo Libarona, que va a recoger los textos de más de 30 propuestas que fueron presentados los últimos años, el sistema establecer un piso mínimo de 14 años para ser penalmente responsable. Pero el principal foco que puso el ministro de Justicia es la creación de instituciones y tratamientos que puedan promuevan la resocialización de las personas menores de edad en conflicto con la ley.

“La edad es a los 14 años y para todos los delitos. Eso es lo que sostienen casi los 30 proyectos que tengo arriba de mi escritorio, que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción”, explicó el funcionario a principios de enero. Es que la baja en la edad de imputabilidad y la creación de un régimen penal para los menores fue una de las prioridades que planteó el funcionario desde su llegada al Gobierno.

En la nueva Ley de Minoridad estaría contemplado la puesta en vigencia de un sistema procesal con características específicas para los menores de edad. “Tiene que haber un tribunal especializado, con asistencia y defensa al menor, cuidado tutelar al imputado y a la víctima, y debe tener un sistema mucho más rápido que el juicio de mayores”, había explicado el ministro de Justicia. Pero la cuestión en la que Cúneo Libarona, según trascendió, le puso foco en los últimos días fue la vinculada a qué hacer con el adolescente que termina con una condena por un crimen grave.

Para el ministro de Justicia, “no sirve que vaya a una cárcel donde hay capacidad para 200 chicos, pero se alojan 350, porque salen peor que como entraron y después pasan al régimen de mayores”. Cuando no había surgido la urgencia por la detención del caso de Rosario, el funcionario habló sobre la necesidad de establecer instituciones que tengan la misión de “la reeducación, la resocialización, obligación de estudio y trabajo”. Son objetivos que se mantienen en la redacción del proyecto que se presentará en breve en Diputados.

Aunque el Gobierno sabe que el Congreso Nacional está atenazado por internas y cuentas pendientes por el fallido debate de la “Ley Ómnibus”, confía en que pueda conformar una mayoría dispuesta a tratar esa iniciativa. Si bien en La Libertad Avanza descuentan que el sector mayoritario de Unión por la Patria y la izquierda van a rechazar cambiar el actual sistema que deja impunes casos como el de Rosario, confían en establecer acuerdos con el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y los partidos provinciales. “¿Quién va a estar a favor de la impunidad?”, se preguntó uno de los promotores de la reforma.