El gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandie, parece tomar represalias contra los denunciantes de posibles irregularidades en las obras del Centro Ambiental y relleno sanitario ubicado en el denominado “Predio Sucre”, en el partido bonaerense de Luján, y que forma parte del mayor basurero a cielo abierto del país.
En la contestación a la acción de amparo ambiental presentada por varias organizaciones no gubernamentales y vecinos para que no se avance con el relleno sanitario, los funcionarios nacionales amenazaron con expropiar propiedades de algunos de los vecinos para extender el relleno en caso de que las parcelas previstas no alcancen.
Las obras se realizan con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado a la Argentina para el saneamiento de basurales que se encuentran instalados a lo largo y ancho del país. El mayor de ellos está ubicado en Luján. De un monto total de 450 millones de dólares, el BID ya desembolsó el 99,27%, según informó 23 de agosto de 2023 Jorge Oyamada Kroug, el Jefe de Proyecto.
La amenaza de expropiación
Las tierras con certificación orgánica que pertenecen a Viviana Novelle, y que forman parte del emprendimiento productivo Tallo Verde Orgánico, en el que trabajan más de 60 personas, parece ser el objetivo de la expropiación. Las tierras lindan con el relleno sanitario en construcción, a pesar que en Luján, según consta en la causa judicial, hay más de 160 lugares aptos para realizar ese tipo de obras, donde no se vería perjudicado ningún vecino.
Novelle entiende que se trata de una especie de represalia e intimidación ya que ella es quien denuncia de manera abierta ante los medios de comunicación las presuntas irregularidades en el proyecto, y es querellante en la causa penal que tramita en la Justicia federal que investiga la contaminación que produce el basural a cielo abierto de Luján.
Un allanamiento realizado en el lugar por la Policía Federal Argentina, por orden del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, determinó que en el vertedero, que depende de la intendencia a cargo de Leonardo Boto, se arrojan residuos patológicos y contaminantes, un hecho expresamente prohibido por la ley 24.051 de residuos peligrosos.
Los temores de la empresaria no son infundados, en el escrito de 420 carillas presentado por el ministerio a cargo de Juan Cabandie, en el amparo ambiental se le solicita al Municipio de Luján “la vigencia de la Certificación y habilitación del emprendimiento productivo Agroganadera Tallo Verde S.R.L.”, es decir el suyo.
Los abogados de la cartera de Medio Ambiente también le pidieron al municipio que: “Remita los planes de obra que habilitan la construcción de la vivienda citada por la actora Novelle, informando, a su vez, fecha de inicio del trámite y si cuenta con el final de obra correspondiente”.
Lo mismo hizo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a quien le solicitó que “informe respecto a la vigencia de la Certificación y habilitación del emprendimiento” de la denunciante.
Novelle entiende que si bien Tallo Verde no es parte del amparo colectivo que llevan las organizaciones no gubernamentales Nuevo Ambiente y República Sustentable y a más de 30 vecinos, en la enumeración de la prueba informativa Nación “va a la carga” contra la huerta orgánica de su propiedad para intentar callarla. “Es una forma de amenaza”, opinó.
La empresaria ya había sido amenazada con carteles en el Concejo Deliberante de Luján, de mayoría oficialista, cuando la Justicia de primera instancia paralizó las obras del Centro Ambiental y el relleno sanitario del “Predio Sucre”.
La posibilidad de la expropiación de las tierras que pertenecen a la huerta orgánica para extender el relleno sanitario se menciona por primera vez en la foja 397 de la contestación de Nación a la acción de amparo.
Allí se sostiene: “En caso de que que pudiera ser considerado relevante para la operatividad de un Proyecto, la consecución del bien común, los fines de utilidad pública, etc, inclusive de un agravamiento de un daño u obstáculo, la restauración de ecosistemas que pudieren estar comprometidos en forma directa o indirecta, tales limitaciones e impedimentos siempre pueden ser resueltos, desde el Gobierno Nacional o en este caso, desde la provincia de Buenos Aires, recurriendo a los mecanismos y herramientas constitucionales previstos en materia de expropiación, en especial allí donde el interés privado colisione, se yuxtaponga o pretenda imponerse al bien común y/o impida o limite alcanzar las metas y/o los fines de utilidad pública que se requieren”.
El Ministerio de Ambiente argumenta también que: “Dada la situación ambiental que implica la existencia de todo Basural a Cielo Abierto y/o la necesidad de implementar Centros Ambientales como el que aquí nos ocupa, va de suyo que el bien común y/o los fines de utilidad pública deben siempre prevalecer por sobre el interés privado”.
En este punto, los vecinos que se ven perjudicados con la construcción del Centro Ambiental y el relleno sanitario se preguntan por qué razón se eligió el “Predio Sucre” si sabían que esas tierras no iban a ser suficientes para el volcado y, se supone, posterior tratamiento de los residuos urbanos de Luján, unas 120 toneladas diarias.
Por su parte, Novelle recuerda que el lugar para realizar el Proyecto con el crédito del BID, fue “elegido a dedo antes de realizar el Estudio de Impacto Ambiental”, y ahora dicen que si no alcanza van por las propiedades privadas”.
Tal como se desprende en un email fechado un año antes de la licitación, el 10 de julio de 2020 entre Brian Vega, funcionario de la municipalidad de Luján, y Carlos Silva, asesor de la Secretaría y Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio a cargo de Cabandie. El primero le dice al segundo: “La idea sería cerrar cuando antes para poder disponer de las tierras (por el Predio Sucre) las cuales se encuentran a más de 2.000 metros del cauce de agua más cercano (…) Son buenas noticias aparentemente esta todo dado, pero con prudencia para no festejar antes de tiempo jajaja”.
La denuncia de los vecinos
La acción de amparo ambiental colectivo, presentada entre otros por la Asociación Civil Nuevo Ambiente, alega que “existe una amenaza de mantener y agravar la contaminación derivada del mayor basural a cielo abierto del país, mediante el proyecto adjudicado, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la empresa EVASA”. Los vecinos de Luján, que se ven perjudicados por el relleno sanitario y el Centro Ambiental, ubicado a dos kilómetros del vertedero a cielo abierto, también le solicitaron a la Justicia federal “adoptar las medidas necesarias y suficientes para la recomposición del daño ambiental que se habría generado por la gestión negligente del basural a cielo abierto mediante la implementación de un plan viable, sostenible y eficiente que asegure el saneamiento de dicho basural y cumpla con los requerimientos técnicos y legales aplicables”.
El juez federal de primera instancia de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó detener los trabajos “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”. Pero la Cámara Federal de San Martín revirtió la medida -que ya fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, aunque mantuvo firme la decisión del magistrado de primera instancia para que la Municipalidad de Luján continúe arrojando residuos urbanos y peligrosos al basural a cielo abierto. Un hecho que en la práctica sigue ocurriendo.
En el amparo se advierte sobre la existencia de “diversas irregularidades en la adjudicación de la obra” y que “no se realizaron los estudios necesarios para determinar la viabilidad técnica y legal ni los verdaderos impactos ambientales del Proyecto”.
Los demandantes sostienen que: “La selección del sitio, el denominado ‘Predio Sucre’ se encuentra ubicado en un lugar de protección histórica patrimonial”. Y que el predio seleccionado “se encuentra en un sitio que incumple las medidas y condiciones mínimas que se describen para instalar un relleno sanitario, anticipan que no llegará a cumplir con la vida útil pretendida, de 20 años”, también que existió “un avance discrecional sin la realización del estudio de sitios requerido para el proyecto”.
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