El Senado aprobó la ley que prorroga por 10 años la prohibición de los desalojos de los barrios populares

El Senado de la Nación finalmente aprobó la reforma a la ley de integración socio-urbana de barrios populares que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos, promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos y propone ampliar el alcance de la norma -sancionada originalmente en 2018- declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios.

La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, de la senadora del PRO de Córdoba, Carmen Alvarez Rivero, ante la mirada de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que siguió el debate desde una de las gradas del hemiciclo de la Cámara alta.

Al igual que lo que sucedió en Diputados, aunque hay acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio al punto que hubo casi unanimidad, los discursos de cada una de las bancadas apuntaron a las gestiones del kirchnerismo y del macrismo.

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La primera en inaugurar esos cruces fue la senadora porteña Guadalupe Tagliaferro, en donde luego de recordar que fue durante la administración Cambiemos que nació esta ley, pero que fue como consecuencia de un decreto de 2016, también hizo referencia a que fue durante la gestión de Macri que “se empezó a hacer un relevamiento, a decir que estas personas existen”.

“Hasta ese momento habíamos tenido un ministro que cuando le preguntaron sobre la cantidad de pobres que había en el país dijo que no tenía ese número porque era estigmatizante, u otro ministro que dijo que teníamos menos pobres que Alemania -en referencia a Axel Kicillof y Anibal Fernández”, sentenció.

Lucia Corpacci, del FdT, también hizo referencia a sus colegas: “Una de las modificaciones más importantes al proyecto presentado inicialmente en el año 2018 es la extensión al plazo que tienen los barrios populares para impedir los desalojos, se amplía de 4 a 10 años”, expresó.

El jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, hizo hincapié en que hay cinco millones de personas “que viven en vulnerabilidad extrema” y que eso demuestra “lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”. “El problema es cuando se naturaliza y eso muestra que al final el lugar de nacimiento condiciona la potencialidad de las personas”, manifestó.

Mientras desde Juntos por el Cambio fueron haciendo referencia a que fue el gobierno de Mauricio Macri quien impulsó esta medida, desde el Frente de Todos hicieron referencia a que para hacer una política de Estado hace falta financiamiento y eso fue lo que impuso el actual oficialismo.

“Esta es una ley que surgió de las organizaciones en los barrios que fue muy militada, consensuada y luchada en las calles. La política escuchó ese reclamo y esa ley salió. Lo bueno es que pasaron dos gobiernos de distintos signos políticos y estamos juntos generando certezas”, dijo la vicejefa del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

“Pero escucho a muchos que quieren que esto sea una política pública, para que esto sea una política de estado tiene que tener financiamiento, y esto lo hicimos con el impuesto PAIS y con el aporte solidario extraordinario, eso que algunos criticaron, que votaron en contra y que judicializaron. Si queremos que esto sea una política pública, el desafío que tenemos es pensar cómo financiamos esta política pública”, agregó la senadora en clara alusión a sus colegas de JxC.

La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.

La Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, junto a la Secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, acompañaron el tratamiento de la modificación de la Ley 27.453 referida a la integración Socio urbana de los barrios populares de todo el territorio nacional.

“La modificación a esta ley es la posibilidad de seguir construyendo mejores barrios populares donde se garanticen agua potable, red eléctrica y mejoras en las condiciones del hábitat de más de 1 millón de familias que viven en los más de 5687 barrios populares de la Argentina”, dijo Tolosa Paz en la Cámara alta.

La responsable del área de Desarrollo Social remarcó que la aprobación de esta modificación, que prevé entre otras cosas evitar desalojos en los asentamientos y barrios populares y establecer el acceso a servicios básicos “es muy importante para el Ministerio de Desarrollo social y un paso fundamental para seguir construyendo más dignidad en cada una de las familias y fundamentalmente en las mujeres jefas de hogar”.

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