El Gobierno evalúa impulsar el debate contra los “discursos de odio” y busca incluir a la oposición

Aún en estado de conmoción por el ataque a Cristina Kirchner, el Gobierno evalúa por estas horas la posibilidad de impulsar un debate para combatir los “discursos del odio”, que ya condenaron en repetidas ocasiones desde el comienzo de la actual gestión, pero que ahora tomaría envión nuevamente. El Frente de todos buscará retomar el tema con mayor impulso a raíz del intento de asesinato contra la Vicepresidenta que, dicen, fue posible a partir del contexto creado por las expresiones de referentes políticos y sociales. Hoy Alberto Fernández discutió la idea con los principales líderes legislativos del oficialismo y algunos de los miembros de su entorno, pero aún no está definido cuándo ni de qué manera concretará la discusión.

Todavía no hay un borrador de la iniciativa, aseguraron en la Casa Rosada, pero admitieron que existe la intención de “discutir en todos los ámbitos” el modo de lidiar con el tipo de discursos que, dicen, propiciaron el ataque. Aunque se negaron a hablar con nombres propios de los posibles sancionados, distintos dirigentes durante las últimas horas apuntaron a la oposición y a algunos medios de comunicación como responsables de crear el ambiente político que llevó al atentado contra Cristina Kirchner.

La idea no avanzó formalmente, pero sí hubo algunas discusiones al respecto. Esta tarde, el Presidente abordó la posibilidad de impulsar el debate en el ámbito legislativo en un encuentro en la Casa Rosada con Germán Martínez, titular del bloque del FDT en Diputados, y con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau. Este tópico, sin embargo, no fue informado como parte del encuentro oficialmente. El objetivo central de la reunión, se limitó a informar el comunicado posterior al encuentro, fue poner en común perspectivas sobre el debate en el Congreso la semana pasada sobre el repudio al atentado contra CFK.

Victoria Donda, la titular del INADI, había deslizado una propuesta en este sentido en una columna publicada el domingo en Infobae, titulada “La política del gatillo”. Allí opinó que “urge tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas” y apuntó que “los periodistas y la dirigencia “no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”. Por su parte, en el mismo sentido, Alejandro Grimson, el titular del programa Argentina Futura, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y quien actúa como asesor de Alberto Fernández, había deslizado en una entrevista con Radio Provincia en las últimas horas que “la Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio”.

La discusión, promovida siempre desde el Gobierno, no es nueva, y en cada una de las ocasiones en que se intentó abordarla provocó fuertes confrontaciones. Sobre todo a partir del rechazo opositor, como de entidades civiles vinculadas a la prensa y la libertad de expresión. La iniciativa de la Defensoría del Público, que conduce Miriam Lewin, para crear un “observatorio de la desinformación y la violencia” - denominado en su momento NODIO- generó hace dos años una extensa y profunda polémica, con aclaraciones varias sobre la verdadera intención de la entidad que se quería conformar, y que finalmente no se concretó.

“Es un debate que hay que dar, que se da en todos los países del mundo, que en Alemania encabezó Merkel. Y la Argentina que tiene un proceso de fortalecimiento de la democracia inédito, con su construcción de convivencia, repudio a los golpes de Estado, no violencia, búsqueda de verdad y justicia sin revancha, tiene que ser capaz de dar ese debate con madurez y responsabilidad para seguir profundizando y garantizando la convivencia democrática”, dijo un importante colaborador del primer mandatario, consultado sobre las ideas en torno a las cuales gira la eventual iniciativa.

En el Gobierno aseguran que buscarán debatir el tema con la oposición, pero matizan al incluir también en la discusión que se viene a otros sectores de la vida pública e institucional. “Es un debate que se está dando. Lo están dando las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de periodistas. Hay que ver cómo encauzarlo. Este tipo de temas profundos, sociales y culturales, no se resuelven con una ley. Pero hay que resolverlo”, dijo un alto funcionario.

El tema, aunque había sido adelantado por referentes del Gobierno en los días posteriores al ataque a la Vicepresidenta, toma así un estado de mayor impulso, al ser abrazado por el jefe de Estado. Y aunque es temprano aún para conocer la respuesta de la oposición, algunas señales de las últimas horas permiten augurar cuál será. La primera reacción frente a la columna editorial de Donda, sin ir más lejos, fue de claro rechazo. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio no sólo expresó su repudio, sino que directamente pidió la renuncia de Donda, titular del INADI, al proclamar que “ejerce violencia contra opositores políticos” y que “sus expresiones son a todas luces inadmisibles”. También hubo revuelo en el espacio por la imagen que publicó la agencia oficial Télam de un arma con un micrófono, horas después de que un hombre apuntara y disparara con una pistola contra la vicepresidenta.

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