El oficialismo porteño denunció que no logra debatir el proyecto que busca eliminar el adoctrinamiento en las escuelas

La legisladora Marina Kienast aseguró que no logran que la iniciativa pase por comisión en la Legislatura. La presentación se hizo luego de que SUTEBA distribuyera en colegios bonaerenses una guía de trabajo con cuestionamientos al neoliberalismo y al empresariado

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El proyecto fue presentado en la Legislatura (Legislatura)
El proyecto fue presentado en la Legislatura (Legislatura)

La legisladora porteña Marina Kienast presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a fines de marzo pasado con el propósito de terminar con el adoctrinamiento en las escuelas. Luego de casi cuatro meses, no ha logrado que la iniciativa pase por comisión.

La presentación del proyecto se hizo luego de que SUTEBA, gremio comandado por Roberto Baradel, distribuyera en los colegios bonaerenses una guía de trabajo con canciones “para escuchar y bailar en familia”, que eran principalmente destinadas al nivel inicial, y videos de Hebe de Bonafini para los adolescentes del secundario.

En ese material pueden oírse cuestionamientos al neoliberalismo y al mundo empresarial, lo que provocó el rechazo de Juntos por el Cambio. “Se impugna cualquier mirada disidente, asociándola al horror de la última dictadura militar y se emparentan las gestiones de los gobiernos democráticos no kirchneristas con los que asaltaron por la fuerza las instituciones. Nada más totalitario”, aseguró el diputado nacional y ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro.

En la iniciativa se prevé la creación de un “sistema de denuncias anónimas”, que estaría bajo el control del Ministerio de Educación porteño, y establece que ante cualquier intento de adoctrinamiento, tanto alumnos como personal educativo y autoridades escolares, podrán realizar la denuncia para que la cartera mencionada reglamente “la investigación administrativa y aplicación sumaria”.

Kienast, bajo el hashtag “Basta de adoctrinamiento”, aseguró mediante su cuenta oficial de Twitter que no logró que el proyecto “pase por comisión” con el fin de impulsar el debate que busca que la educación sea más objetiva.

Legisladora Marina Kienast, autora del proyecto
Legisladora Marina Kienast, autora del proyecto

“No se pretende de ninguna manera atacar a los docentes o hacer una persecución sobre ellos, los propios educadores contarán con una herramienta para frenar las presiones sindicales cuando los aprietan al no querer sumarse a un paro, y también los directivos, que no son libres de calificar a los docentes con objetividad”, se desprende del mencionado paper.

Existen precedentes de proyectos similares, como es el caso del presentado hace 5 años por el abogado y representante del área legal de Fundación Apolo, José Magioncalda: “Presenté a la ministra un pedido para que estableciera un sistema de denuncias anónimas, a fin de que los padres pudieran exponer los hechos de adoctrinamiento político, sin comprometer la tranquilidad de sus hijos en las escuelas”, comentó el letrado, asegurando que “la nota no fue contestada”.

También recuerda que hizo un reclamo judicial a través de amparo. De esa forma consiguió una respuesta de parte del Ministerio, aunque no era la que esperaba: “Dijo, en resumidas cuentas, que no establecería un sistema de denuncias anónimas porque no estaba obligado a hacerlo”. Es dable destacar que Magioncalda asesoró a la legisladora en la redacción del proyecto.

No obstante, fuentes cercanas a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguraron a Infobae que la ministra hoy tiene otro modo de accionar ante eventuales hechos de adoctrinamiento: “Cambió en ese punto”, confiaron.

Ante la consulta de este medio, Magioncalda menciona que “no hay una norma penal que lo tipifique como delito (al adoctrinamiento en las aulas)”. “Entiendo que sería muy difícil establecerla”, explica. Sin embargo, comenta que “sí hay normas de tipo administrativo en los estatutos docentes y en leyes que reconocen tratados internacionales de DDHH”.

A lo que se refiere es, por ejemplo, el artículo 74, inciso 2 del Reglamento Escolar de la Ciudad de Buenos Aires, que prohíbe al personal docente “desarrollar toda forma de proselitismo político partidario”; como así también en el Estatuto Tipo “se prohíbe toda actividad política, gremial y/o religiosa en el seno de la asociación”.

Roberto García Moritán, perteneciente al igual que Kienast al bloque Republicanos Unidos e impulsor del proyecto, le confió a Infobae que se está debatiendo dentro del interbloque “con el resto de los presidentes y diputados” ya que, “particularmente”, es un tema de mucho interés dentro del bloque. Aunque es pesimista respecto del acompañamiento que pueda llegar a tener por parte del Frente de Todos: “Se va a oponer porque es a lo único que se dedica”, consideró.

Por su parte, Kienast explicó que “todavía no se logró consenso dentro del bloque para tratarlo y eso está haciendo que el proceso sea más lento”.

“Yo sigo firme en la idea de que es necesario tratarlo en comisión para dar debate y escuchar la opinión del resto de las fuerzas. Seguro que puede sufrir modificaciones el proyecto, pero el objetivo es el mismo, asegurarnos que en la escuela haya libertad de pensamiento, de expresión y se fomente el pensamiento crítico” agregó y finalizó: “Es un tema muy importante para mí, sé que es difícil, pero hay que moverlo”.

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