El Gobierno apoyó un recurso de uno de los militantes condenados por atacar el Congreso en 2017

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietregalla, pidió ante la Justicia que se tenga en cuenta el recurso de casación planteado por la defensa del militante del Partido Obrero César Arakaki, condenado a tres años y cuatro meses de prisión por el ataque a la Policía y al Congreso durante a reforma previsional de 2017.

Concretamente, Pietragalla pidió que se tenga en cuenta a la Secretaría de Derechos Humanos como Amicus Curiae (amigo del tribunal) “a fin de aportar fundamentos de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos de relevancia respecto de las cuestiones planteadas por César Javier Arakaki, en el recurso de casación interpuesto por su defensa”.

En ese marco, el funcionario pidió que la Cámara de Casación analice la conducta del militante en el marco del derecho a protestar y en el contexto de la “represión policial”. “Las defensoras han expuesto en su recurso las distintas situaciones de uso abusivo de las fuerzas de seguridad para con las y los manifestantes; situaciones que el tribunal no consideró a la hora de ponderar las conductas reprochadas a Arakaki”, sostuvo el funcionario.

Arakaki fue condenado en diciembre del año pasado. En el mismo juicio, a cargo del juez Javier Ríos, del Tribunal Oral Federal 3, también fue condenado Daniel Ruiz a tres años por los delitos de intimidación publica y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y en reunión de tres o más personas.

A Arakaki también se lo condenó por lesiones en ocasión de agresión contra el policía Brian Escobar.

Durante el juicio, las defensas de los dos militantes señalaron que hubo infiltrados que iniciaron los incidentes y que la represión de la Policía fue para buscar reacciones. También dijeron que la decisión política fue responsabilizar a los partidos de izquierda de los hechos.

Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017 en la plaza de los Dos Congresos cuando la Cámara de Diputados debatió la ley de reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri. Partidos políticos y organismos de derechos humanos se movilizaron contra la ley. Hubo un enfrentamiento con la Policía. Los manifestantes atacaron con piedras y palos a la fuerzas de seguridad y la Policía reprimió. Todo quedó registrado en las cámaras de los medios de comunicación y se iniciaron causas judiciales contra los manifestantes y agentes de la Policía.

Cuatro días antes también hubo incidentes en el Congreso. Eso provocó que la sesión en la Cámara de Diputados se suspendiera. La violencia se repitió el 18.

En los incidentes también estuvo involucrado Sebastián Romero, apodado el “Gordo mortero”. Romero estuvo prófugo de la justicia dos años y medio hasta que en mayo del 2020 fue detenido en Uruguay y extraditado al país. Estuvo un año y nueve meses en prisión domiciliaria, pero logró un acuerdo con la fiscalía en un juicio abreviado.

Las penas que recibieron los otros dos militantes son de cumplimiento efectivo. Pero no quedaron detenidos luego del juicio porque que la condena tiene que quedar firme. Ahora la decisión está en manos de la Cámara de Casación.

En ese contexto, Pietragalla se presentó junto a Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, y pidió revisar la condena contra Arakaki en el marco del derecho a la libertad de expresión. “De prosperar una condena de prisión efectiva con un plexo probatorio tan poco claro contra una persona que fue a manifestarse contra un recorte de sus derechos sociales, se estaría generando un grave precedente que afectaría derechos de toda la sociedad a manifestarse libremente y a peticionar a sus autoridades”, opinaron.

Si los dos militantes condenados vuelven a la cárcel se deberá hacer el cómputo de la pena de cuanto tiempo les resta cumplir porque ambos ya estuvieron detenidos en el inicio de la causa.