La Coalición Cívica denunció penalmente al juez de Paraná que trabó la integración del Consejo de la Magistratura

La Coalición Cívica denunció penalmente al juez federal de Paraná Daniel Alonso, quien la semana pasada había hecho lugar al pedido de un diputado del Frente de Todos para evitar que el Congreso Nacional nombrara a los dos legisladores que deberán integrar la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Esa decisión, ya anulada por la Corte Suprema en duros términos y con una recomendación de investigación por mal desempeño para el juez, derivó ademas en una causa penal para Alonso: lo acusan de sedición, prevaricato y abuso de autoridad para favorecer al oficialismo y buscando un beneficio propio para conseguir ser camarista.

Pero además, la presentación apuntó también a investigar al diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto como partícipe necesario de la maniobra. “En lo que respecta al Diputado Marcelo Pablo Casaretto -que proviene de la ciudad donde se desempeña el Juez Federal denunciado-, no es posible descartar que haya tomado parte de la comisión del accionar denunciado, ya que sin su contribución en los hechos -posiblemente coordinada y planificada- no se habría podido perpetrar el accionar delictivo detallado; máxime si se considera el momento en el que accionó judicialmente y su filiación política, circunstancias demostrativas de su interés por impedir la ejecución de una resolución firme dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, se sostuvo.

La denuncia fue presentada esta mañana en los tribunales de Comodoro Py por los diputados Juan Manuel López y Mariana Stilman. El caso, por sorteo, quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Franco Picardi, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Fue a pedido del diputado Casaretto que inició un amparo para que se ordene al Poder Legislativo dictar una ley para crear un nuevo Consejo y que no se integre con 20 miembros. Alonso no notificó a la fiscalía, que igual apeló la decisión. El domingo pasado, el magistrado decidió rechazar el planteo. Al día siguiente, la Corte Suprema convirtió su decisión en papel mojado y reafirmó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con 20 miembros, con el presidente de la Corte Horacio Rosatti a la cabeza, más allá de que el Congreso no enviara a sus representantes “por la decisión que fuera”.

“El juez Alonso podía compartir o no lo resuelto por la Corte Suprema, pero en ningún caso podía interferir, incumplir y/o desobedecer un fallo firme —que, por tanto, produjo el efecto de cosa juzgada— puesto que ello implica violar el Estado de Derecho y alzarse contra el orden constitucional -sostiene la presentación- Nos encontramos, lisa y llanamente, frente a una aberración jurídica sin precedentes realizada al sólo efecto de favorecer políticamente a las más altas autoridades de la república, por lo que V.S. deberá investigar cuáles fueron las motivaciones del Dr. Alonso para adoptar un temperamento tan inusual como ilegal como el que realizó”.

En ese sentido, los diputados que responden a Elisa Carrió advirtieron que el fallo de Alonso “constituye una violación flagrantemente de la Constitución Nacional, un alzamiento contra ella y, por ende, del Estado de Derecho, lo cual no puede pasar desapercibido. Así las cosas, la referida decisión del juez Alonso significa un precedente de una enorme gravedad institucional que excede al caso concreto que, consiguientemente, afecta el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro país”.

“Resulta difícil pensar que ello solo se deba a meros errores o a la falta de conocimiento del derecho por parte del magistrado. Resulta más verosímil pensar que, en verdad, la resolución del juez Alonso esconde oscuras intenciones vinculadas a satisfacer las necesidades y deseos de determinado espacio político —puntualmente, del “Frente de Todos”— que, como es de público conocimiento, se opone a la integración del Consejo de la Magistratura que ordenó la Corte Suprema”, plantea la denuncia.

Y añadió que esa teoría “encuentra aún más sustento si tenemos en cuenta que el juez Alonso se encuentra a la espera de que el Senado de la Nación apruebe su pliego para ser designado vocal de la sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, el cual fue enviado por el presidente Alberto Fernández”. A criterio de los legisladores, el juez Ramos “deberá investigar si la presente causa implica un caso que se subsumen en los tipos penales denunciados o estamos en presencia de otros delitos, en los que la promesa de ascenso operaría como motivación del fallo del Dr. Alonso”.

Por lo pronto, los legisladores denunciaron a Alonso por los delitos de sedición, abuso de autoridad, y/o de prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley). La denuncia citó además el fallo que la Corte Suprema dictó el lunes pasado en donde no solo anuló las resoluciones del juez Alonso por su “notoria ignorancia” sino que además promovió investigarlo en el Consejo de la Magistratura.

Los lilitos repasaron que en el ese fallo se sostuvo que el juez Alonso “actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro” . También sostuvieron que el juez “se entrometió en la decisión de esta Corte” y “se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”.

Además del fallo de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura ya recibió dos denuncias por mal desempeño contra Alonso en esta última semana.

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