Volver a la Corte Suprema, la alternativa que se piensa en el Consejo de la Magistratura

En el Consejo de la Magistratura muchos dan por sentado que el 15 de abril el organismo se paraliza porque no podrán cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo dicen por lo bajo, en cafés, en charlas off the record. Públicamente señalan que es muy difícil porque el plazo es exiguo pero que harán todo lo que esté a su alcance.

Y por eso algunos consejeros comenzaron a analizar seriamente una alternativa: pedirle a la Corte Suprema que extienda el plazo más allá del 15 de abril. No es una decisión que se tomará en lo inmediato, confiaron a Infobae tres integrantes del Consejo, sino en caso que las elecciones de los abogados se complejice, más de lo que ya está.

Una señal de que esa idea se analiza ocurrió el jueves pasado en el plenario del Consejo. El presidente saliente, Diego Molea, -fue reemplazo por el juez Alberto Lugones- propuso y el cuerpo aprobó informarle a la Corte Suprema todo lo que se hizo para cumplir con el fallo y las dificultades que el organismo tiene. “Esa imposición de los 120 días no resultó y no resulta fácil”, dijo Molea.

El máximo tribunal declaró a fines del año pasado la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo. Dijo que no respeta el equilibrio, como marca la Constitución Nacional, entre los representantes de la política y de los sectores técnicos.

La Corte le dio al Consejo un plazo de 120 días para que modifique su composición, ya sea por una ley del Congreso o que regrese a su anterior composición de 20 miembros. Los 120 días se cumplen el 15 de abril. Y la Corte falló que si para esa fecha no hay un nuevo Consejo todo lo que haga el actual será nulo. Una virtual paralización de sus funciones que son la de investigar y seleccionar a los jueces y de la administración del Poder Judicial.

“De no integrarse el Consejo en esa fecha con esos 20 miembros no será responsabilidad de este cuerpo el no funcionamiento. La propia autolimitación que se pone la Corte Suprema en el fallo diciendo que si el día 16 de abril no hay 20 miembros el Consejo no va a funcionar, nos pondrán en una situación límite y habremos de evaluar en este cuerpo cuál es la forma de continuar porque no eludiremos nuestro compromiso”, dijo Lugones la semana pasada en su discurso de asunción del Consejo.

Una ley no depende del Consejo y hoy es difícil que se pueda aprobar una por las diferencias entre oficialismo y oposición en la política nacional y en sobre cómo debe ser el nuevo organismo, principalmente si debe estar o no la Corte Suprema. Por eso el organismo comenzó a fin de año a trabajar a volver a su integración de 20 miembros.

Para eso se deben sumar dos abogados, un juez, un académico, un diputado, un senador y el presidente de la Corte Suprema, hoy Horacio Rosatti. Los abogados, el juez y el académico deben ser elegidos en elecciones por sus pares. El Consejo aprobó que sean todas mujeres para respetar la diversidad de género.

Los jueces tendrán sus comicios el 7 de abril y sobre eso no hay dificultades. Los académicos sí las tienen pero en el Consejo entienden que son salvables y se harán.

El problema aparece en los abogados. La Federación Argentina de la Magistratura (FACA) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) no se pusieron de acuerdo en la fecha. La FACA, que tiene la potestad sobre el comicio, la fijó para el 5 de abril. Pero para la organización deben contar con el CPACF.

Desde el colegio dijeron que no están en condiciones de organizarla y le pidieron al Consejo que declare la nulidad del 5 de abril. El CPACF ofreció la fecha del 26, 27 y 28 de abril cuando son sus elecciones de autoridades. Pero esa fecha excede el plazo del 15. Los abogados del Consejo, Diego Marías y Carlos Matterson, pidieron que el cuerpo ratifique la fecha del 5.

El Consejo se reunió la semana pasada con las dos entidades para mediar. No hubo acuerdo y se volverán a ver hoy. En esa reunión apareció otro problema: la fecha del corte de los padrones.

Por esa tensión, en el Consejo creen que si no se llega a una solución podrían pedirle a la Corte Suprema que extienda el plazo del vencimiento de su fallo más allá del 15 de abril. Inclusive, en el cuerpo aseguraron que ya hay charlas informales con el máximo tribunal.

“Frente a la inminencia del plazo podemos conversar opciones, como la de pedirle más tiempo a la Corte. Pero no queremos abrir el paraguas antes de tiempo”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo del bloque opositor. Desde el oficialismo señalan que esa posibilidad es casi inevitable si el conflicto entre los abogados se agudiza y si quieren cumplir con el fallo del máximo tribunal. O por lo menos intentarlo.

Y señalan otro punto: la posibilidad que se judicialice. Si la FACA y el CPACF no llegan a un acuerdo hay muchas chances de que recurran a la justicia con una causa y allí se frenaría definitivamente todo el proceso electoral hasta que allá un pronunciamiento final del Poder Judicial, lo que claramente llegaría mucho tiempo.

Pero en el Consejo -tanto en el oficialismo como en la oposición- coinciden que en verdad el gran problema para completar el Consejo pasa por el Congreso de la Nación. Diputados y el Senado debe mandar cada uno un legislador para integrar el Consejo.

El legislador de cada cámara debe ser de la segunda minoría. La pregunta es cuál es hoy la segunda minoría. La respuesta se hace difícil desde que para integrar el Consejo los bloques se juntan para tener más chances. Hoy eso puede hacer que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en algunos de sus bloques, piden ese legislador. “Esa diferencia hoy es insalvable”, señala un consejero.

Desde el oficialismo y la oposición agregan que en sus bloques parlamentarios ese no es un tema que se esté hablando: “no está en agenda”. Y a diferencia de lo que ocurre con los abogados, los jueces o los académicos, el Consejo no puede exigirle a otro poder como el legislativo que cumpla con el fallo de la Corte y envíe a sus representantes.

A eso se suma que más alejada está la posibilidad de una ley. El Poder Ejecutivo puso el tema en sesiones extraordinarias pero no hubo. La chance es una norma que tenga una cláusula transitoria que extienda el actual Consejo.

Así puede darse la situación que se cumplan con las elecciones de las elecciones de abogados, jueces y académicos y que falten los legisladores. “Hoy casi depende todo del congreso”, plantea el escenario con escepticismo un consejero. Y falta menos de dos meses para el 15 de abril.

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