El Gobierno se sumó a los aliados de Maduro y cuestionó al representante de Juan Guaidó ante la OEA

El Gobierno se sumó por primera vez a los reclamos de países aliados al régimen chavista en contra del reconocimiento de las credenciales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de Gustavo Tarre, designado por el presidente encargado Juan Guaidó. El diplomático había sido designado luego de que Nicolás Maduro denunciara la carta del organismo internacional y decidiera excluir a Venezuela.

El encargado de expresar la postura oficial sobre el delicado tema internacional fue el vicecanciller, Pablo Tettamanti, en el comienzo de la 51 Asamblea General de la OEA, que se celebra desde hoy en Washington. “La Argentina entiende que existen reglas claras en el derecho constitutivo de la OEA, en relación con la pertenencia, o no, a esta organización, así como el respeto a las normas de acreditación de los representantes de los Estados miembros. En tal sentido, deberían tomarse medidas para corregir cuanto antes estas distorsiones, que afectan a la credibilidad y funcionamiento de la organización”, dijo el funcionario que responde al canciller Santiago Cafiero.

“En tal sentido, quisiéramos hacer constar esta objeción en las actas de esta reunión, e incorporar en nombre del gobierno de la Argentina una nota al pie en el informe de credenciales, con el siguiente texto, que se ha remitido de forma oficial a la secretaría oficial a tales efectos”, agregó.

Y citó el texto remitido por el Gobierno a la organización internacional: “La República Argentina entiende que ha operado el retiro de la República Bolivariana de Venezuela de la OEA, en virtud de la notificación que hiciera el presidente Nicolás Maduro a la Secretaría General, en el mes de abril de 2017, respecto de la decisión de ese país de denunciar la carta del organismo. En virtud de ello, Venezuela ha dejado de ser miembro de la organización, y en consecuencia, la Argentina considera que es necesario evaluar esta situación y, en todo caso, no está en condiciones de reconocer las credenciales de ningún designado representante de Venezuela en esta Asamblea General”, dijo.

Después de que Tettamanti hablara ante la OEA, la embajadora de Guaidó en la Argentina, Elisa Trotta, rechazó sus dichos. “Lamentamos que el gobierno argentino replique el relato del dictador Maduro, que pretende hacer creer que Venezuela no forma parte de la OEA. La crítica no debe ser hacia los demócratas que buscan libertad, sino contra las dictaduras de la región: Venezuela, Cuba y Nicaragua”, dijo.

Y llamó a “hacer valer la Carta Democrática que suscribieron nuestras naciones y defender los derechos humanos en nuestro continente”. “Defender a los opresores significa condenar a los oprimidos”, finalizó.

“No injerencia”

Poco después, en la misma Asamblea General, el canciller Santiago Cafiero evitó cuestionar las irregulares elecciones en Nicaragua, donde hace diez días el dictador Daniel Ortega se impuso con el 75% de los votos en unos comicios considerados fraudulentos por gravísimas irregularidades, principalmente porque se celebraron con la abstención de la mayor parte de los votantes y la detención de los principales dirigentes de la oposición.

En el cónclave internacional se trató la farsa electoral montada en Nicaragua para perpetuar en el poder del dirigente del régimen sandinista, donde la abstención registrada superó al 80 por ciento del padrón, y donde Ortega se garantizó los votos necesarios para lograr su quinto mandato presidencial.

Sin hacer mención directa a la situación en Nicaragua -tampoco aludió a Venezuela, ni a Cuba- Cafiero defendió en su discurso en el primer plenario los principios de la democracia y la necesidad de realizar elecciones libres, pero se apoyó sobre el principio de no injerencia. “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”, dijo.

Y deslizó una crítica. Después de expresar la necesidad de “recuperar, en la OEA, la capacidad de consensuar soluciones basadas en el respeto a la soberanía y la igualdad de los Estados Miembros, lamentó “el apoyo de la OEA a la interrupción al Estado de Derecho, como sucedió en Bolivia”.

“La ideología, las pasiones o el racismo nublaron el juicio de muchos, la esencia de nuestra organización es la de preservar la cooperación en el marco del respeto y la solidaridad con una apuesta permanente al diálogo. Si esta Organización se hubiera mantenido fiel a los principios que rigen sus instrumentos fundacionales, no tendríamos que lamentar esta vergonzosa página de nuestra historia”, dijo.

La posición que adoptaría la Argentina respecto de Venezuela se conocía desde la semana pasada, cuando en un escueto comunicado, la Cancillería manifestó que mantendría su “tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas”. “La República Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y apoya con firmeza el trabajo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Nicaragua”, consignó el comunicado.

Sin condenar las controvertidas elecciones, el Gobierno, en aquel texto, apenas expresó su “preocupación ante la detención de dirigentes opositores” y “la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población”.

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