Argentina rechazará la suspensión de Nicaragua en la OEA por la farsa electoral que montó el dictador Daniel Ortega

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) analiza un proyecto de resolución que abre la posibilidad de aplicar un fuerte castigo institucional a Nicaragua por su sistemática violación a los derechos humanos para perpetuar la feroz dictadura que regentean Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El proyecto de resolución es liderado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Antigua y Barbuda y Panamá, mientras que Argentina, Bolivia y México se abstendrán al momento de la votación en la Asamblea General. El canciller Santiago Cafiero - a partir de las 13- fijará la posición diplomática de la Casa Rosada y su línea argumentativa se apoyará en el principio legal de no injerencia en los asuntos internos de los países.

La perspectiva política de Alberto Fernández ante el Caso Nicaragua parte de un supuesto ético que no encaja en el modus operandi del régimen sandinista. El Presidente confunde respeto a los procesos electorales con manipulación de los comicios para preservar un poder hegemónico.

Los dictadores Ortega y Murillo pusieron presos a todos los candidatos de la oposición y se apropiaron de los comicios del 7 de noviembre para obtener un triunfo en las urnas que recuerdan las victorias electorales de Fidel Castro, Haffez el Asad y Nicolas Maduro.

Plantear la no intervención en los asuntos internos de Nicaragua, es un argumento que sólo sirve como coartada en beneficio de Ortega y no aporta ninguna ganancia geopolítica o económica para la Argentina. Alberto Fernández paga todos los costos en el tablero internacional, y además deja un flanco abierto a la oposición cuando faltan cuatro días para las elecciones.

El proyecto de resolución necesita 18 votos para lograr su aprobación en la Asamblea General, y los embajadores de Estados Unidos y Canadá trabajan a deshoras para lograr un consenso que permita sancionar las conductas ilegales del régimen sandinista. Hasta anoche, el proyecto establecía lo siguiente:

“1. Deplorar que las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua.

2. Declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.

3. Concluir que, con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas.

4. Reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil.

5. Instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.

Si Estados Unidos obtiene los 18 votos indispensables para aprobar esta resolución en la Asamblea General, el proceso institucional contra Nicaragua podría alcanzar la velocidad de la luz. Joseph Biden enfrenta al régimen de Ortega y Murillo, y apuesta a la suspensión de Nicaragua en la OEA.

Biden tiene problemas domésticos que resolver, y un puntapié diplomático a la dictadura sandinista mejoraría -un poco- su imagen presidencial. En este contexto, la Casa Blanca también lidera movimientos públicos contra Cuba y monitorea -de manera reservada- cómo avanza la negociación en México para terminar con el régimen populista de Maduro en Venezuela.

El proyecto de resolución establece los argumentos políticos y legales para justificar una eventual condena a Nicaragua -puntos 1 al 4-, y fija -en el punto 5- un ultimátum a Ortega con fecha final del 30 de noviembre. La probable sanción a la dictadura sandinista está unida a la cantidad de votos que obtenga Estados Unidos y sus aliados.

Se necesitan las 2/3 partes de los estados miembros de la OEA (35), para suspender a Nicaragua hasta que recupere su sistema democrático. Y si el Consejo Permanente no consigue esos apoyos diplomáticos, los responsables del proyecto adecuarán el castigo final a los votos que obtengan en las negociaciones secretas.

Es decir: más votos en el Consejo Permanente, mayor castigo a Nicaragua. Y la sanción puede ir desde la suspensión como integrante de la OEA, a un tirón de orejas que incluiría -si o si- la libertad inmediata de los candidatos presidenciales y todos los presos políticos que encarceló la dictadura sandinista.

Alberto Fernández insistirá con su posición de no injerencia en los asuntos internos de los país, y ordenará la abstención cuando se vote el proyecto liderado por Estados Unidos. Argentina quedará al otro lado de la frontera ideológica, junto a Bolivia, México y San Vicente y las Granadinas, unas isla gobernada por un dictador que lo llaman Mini Castro.

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