El gobierno de Uruguay informó que no interferirá ni dilatará de ningún modo el trámite de extradición de Fabián Rodríguez Simón, el principal operador judicial de Mauricio Macri que pidió asilo en ese país hace una semana.
Este martes al mediodía, el ministro de Educación uruguayo, Pablo da Silveira, que también tiene a su cargo la Secretaría de Justicia, llamó al embajador argentino Alberto Iribarne para comunicarle que el gobierno de Luis Lacalle Pou “se declara prescindente” y no hará nada para demorar los pedidos de la Justicia argentina.
Con esta aclaración, la administración de Lacalle Puo adelantó que no se meterá en la cuestión y no recurrirá a ningún tipo de maniobra dilatoria en favor de Rodríguez Simon a través de su Cancillería, que puede “dormir” los trámites. En síntesis, será tratado como un expediente más, sin implicancias políticas.
Por su parte, el Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, a cargo de la doctora Adriana Chamsarián, recibió la solicitud de detención y extradición del operador judicial y mañana se asignará una fiscalía para su investigación.
El fiscal, que estará a cargo de toda la investigación, incluso podría decidir dejarlo detenido para evitar que, si no obtiene el asilo, se vaya del país. Mientras tanto, el pedido de habeas corpus pasó a una segunda instancia. Fuentes judiciales estiman que todo el proceso podría durar hasta dos años.
La cancillería argentina había enviado ayer el pedido de exhorto para solicitar la detención y la extradición de Rodríguez Simón, que está siendo investigado por la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuán luego de ser acusado de extorsión y de integrar una asociación ilícita. El miércoles pasado, la magistrada había ordenado su pedido de captura internacional.
Ese mismo día por la tarde, Rodríguez Simón se había presentado ante el juzgado de turno en Montevideo para informar su residencia e iniciar el trámite para ser considerado un asilado político.
Rodríguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020. Está siendo investigado a raíz de una denuncia que realizó el empresario Fabián De Sousa -socio de Cristóbal López- cuando aún estaba detenido. Allí De Sousa acusó al ex presidente Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la Justicia para meterlo preso. El fiscal Marijuán impulsó la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas.
Según la Ley Nº 18.076 de Uruguay de “derecho al refugio y a los refugiados”, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio “en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”.
El miembro de la “mesa judicial” del macrismo planteó en la carta pública que pedía el asilo político debido a que, según su entender, “ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”. Había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina que lo investigaba.
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