El presidente Alberto Fernández convocó esta noche al ministro de Educación, Nicolás Trotta, a una reunión de urgencia junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de Salud, Carla Vizzotti, en la Casa Rosada.
El encuentro comenzó a las 20.30, luego de que el mandatario regresara del aeropuerto de Ezeiza donde supervisó el arribo del último cargamento de 1 millón de vacunas de Sinopharm.
Por estas horas, en la Casa Rosada ultiman los detalles del anuncio que realizarán mañana. Según pudo saber Infobae, a pesar de las propuestas acercadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente se inclina por mantener la suspensión de la presencialidad de las clases en el AMBA.
Ayer, desde la sede de Uspallata dejaron trascender que estarían dispuestos a aceptar la suspensión de la presencialidad en los dos últimos años del secundario -que se adaptarían mejor a la modalidad virtual- pero sin realizar cambios en los niveles inferiores.
No obstante, el Gobierno insiste en que los datos epidemiológicos confirman que la circulación de personas que se produce por las clases agrava el cuadro sanitario y la curva de contagios todavía no fue reducida a un nivel manejable por el sistema de salud.
A la espera del fallo de la Corte Suprema sobre el amparo presentado por Horacio Rodríguez Larreta en contra del DNU del Presidente, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la suspensión de las clases presenciales es inconstitucional.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Casal sostuvo en su dictamen, que presentó ante la Corte Suprema, que el decreto no está fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que dependen de la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país.
“Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”, sostuvo Casal en su presentación de 49 páginas. El procurador señaló que el gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurre.
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