Gildo Insfrán modifica el régimen del ingreso a Formosa presionado por la Justicia y las protestas

El gobierno de Formosa modifica a partir de las cero horas de este martes 23 de marzo el sistema de ingreso a la provincia con protocolos y dejando de lado la cuarentena de catorce días obligatoria para circular. Las continuas marchas que, durante el día de ayer, recorrieron con ruidosas batucadas varios de los centros de aislamiento; y el plazo que se cumplía el día de hoy por la orden de la jueza federal Nº 2 de Formosa, la Dra. Belén López Mace, de adecuar los protocolos a preceptos constitucionales, provocaron que Gildo Insfrán diera el brazo a torcer.

Entre algunas cuestiones relevantes, la justicia federal le ordenaba a Formosa permitir el ingreso y egreso a la provincia sin restringir el derecho a la libertad ambulatoria. Sin embargo, ayer, el Consejo de Atención había manifestado que no reconocía la competencia de la justicia federal sobre cuestiones sanitarias decididas en la provincia. Finalmente, este lunes al mediodía volvió sobre sus pasos y anunció el fin del ingreso ordenado y administrado.

Así, desde mañana, se podrá ingresar a la provincia con una declaración jurada al entrar, un PCR realizado en la Unidad de Pronta Atención a la Emergencia (UPAC), cuyos resultados deberán esperarse en algún lugar aislado, que puede ser el propio hogar o un albergue del gobierno.

Para entrar a la provincia, a aquellos que acrediten haberse vacunado o cursado la enfermedad se les realizará un hisopado de control al ingreso y la toma de muestras para la realización de test de anticuerpos neutralizantes para COVID-19. Al resto de las personas que deseen ingresar y que no encuadren en ninguno de los supuestos anteriores, se les realizará el hisopado de control de ingreso y suscribirán un compromiso de reiterar el testeo de PCR a coronavirus en los días quinto y décimo desde la fecha de ingreso, en el hospital o centro de salud más cercano.

Las personas que presenten síntomas de COVID-19 en los controles al ingreso y encuadren en la categoría de “casos sospechosos” o configuren contactos estrechos de personas que cursen la enfermedad o con resultado positivo en el PCR, deberán cumplir aislamiento en base a protocolos aprobados por la provincia.

Aquellos cuyas muestras hayan sido tomadas al ingreso deberán esperar el resultado de los mismos en el domicilio consignado en la declaración jurada.

En el caso de incumplimiento respecto de los protocolos o falsedad de la declaración jurada, se iniciarán las acciones contravencionales y legales que correspondan en virtud del artículo 205 del Código Penal o el artículo 146 del Código de Faltas de la provincia de Formosa.

Para los ciudadanos que marcharon pidiendo una “Formosa Libre” el hecho fue tomado como una victoria. Para el oficialismo, en cambio, fue una derrota. Incluso, a través de varios de sus legisladores se preguntaron si la oposición se va a hacer cargo de los contagios o muertos que vendrán.

Hasta ahora, la provincia tiene 28 muertos por COVID-19, 526 casos activos y, aproximadamente, 770 personas que todavía se encuentran en centros de aislamiento y que han empezado a ser liberadas en las últimas horas por imperio de la resolución de la justicia y la adecuación de las políticas sanitarias al DNU 168/21.

Los manifestantes prometieron seguir con las marchas hasta que se restituyan cada uno de los derechos que les han sido quebrantados con las normativas sanitarias, entre ellos, el derecho a trabajar. En este último punto, ya hubo “una desobediencia civil” al no acatar la última Fase 1 resuelta por el Gobierno. Por otro lado, ya anticiparon que, a diferencia de lo establecido, abrirán todos los días y no solamente viernes, sábado y domingo, como se supone que deben hacerlo.

Por estas horas, un grupo de abogados recorre los centros que todavía tienen personas en aislamiento, para garantizar que sean liberadas en forma inmediata y en cumplimiento del DNU presidencial. Sin embargo, en algunos de ellos, como la Escuela N° 224, los policías que administraban el espacio no tenían conocimiento sobre la orden de la justicia federal.

Asimismo, también resta cumplirse el levantamiento del bloqueo de la ciudad de Clorinda, municipio limítrofe al Paraguay que lleva 200 días con un vallado en medio de la ruta nacional Nº 11 que no permite el paso de los ciudadanos, salvo servicios esenciales y personas que deban hacerlo por razones de salud o fuerza mayor. En este punto la justicia le dio un plazo al gobierno para terminar con este impedimento a la libertad ambulatoria y aplicar protocolos sanitarios. De momento, el gobierno aún no ha levantado el bloqueo ni permite la circulación de personas. En las próximas horas, se espera un nuevo pronunciamiento de la magistratura federal en este punto.

SEGUIR LEYENDO: