El grupo de constitucionalistas y académicos identificado como “Profesores Republicanos” y que cuenta con prestigiosos integrantes como Santiago Kovadloff, Guillermo Mizraji, Ana María Gentile, Antonio María Hernández, Alfredo Vítolo, Daniel Sabsay y Analía Molteni, entre otros, emitió un duro documento contra la embestida de Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández en general contra la Corte Suprema de Justicia.
A través de un comunicado observan “con preocupación el nuevo ataque frontal contra la Corte Suprema y contra la Constitución Nacional que, a través de una carta pública, efectuó la vicepresidenta de la Nación”. En ese sentido, criticaron también a Alberto Fernández por el respaldo a los dichos de su jefa política. Se trata de la misma agrupación que antes ya había alertado por la “máxima gravedad institucional” que representa el intento del kirchnerismo de desplazar a los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli.
“Con el aval del Presidente (...), en abierta violación al artículo 109 de la Constitución, se pretende –bajo el vago concepto de “lawfare”– intervenir irregularmente en causas judiciales con el claro objetivo de buscar la impunidad de quienes han sido procesados en los casos de corrupción más flagrantes de la historia de nuestra Patria”, dijeron.
En su carta publicada al cumplirse el primero año del nuevo gobierno kirchnerista, la vicepresidente dedicó varias líneas a la Corte Suprema y al Poder Judicial. Tras hacer un repaso de los logros de la administración de Fernández, Cristina Kirchner se explayó contra el máximo tribunal.
Por eso, el grupo de “Profesores Republicanos” recordó que “en su sanción originaria de 1853, la Constitución Nacional estableció dos normas de gran relevancia: el artículo 1, que adopta el sistema representativo, republicano y federal, y el artículo 29, escrito con letras de sangre, que prohíbe que el Congreso o las Legislaturas concedan al presidente o a los gobernadores facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Quienes infrinjan estos preceptos serán infames traidores a la patria”.
Además, aseguran que “el contenido de la Carta pública citada viola el principio de la independencia de la Justicia. Considera que el Poder Judicial es ilegítimo por no ser la Corte elegida popularmente” y “olvida o desconoce que se trata del órgano “contramayoritario” por excelencia, para poder llevar a cabo la delicada función de control de los poderes políticos en defensa de la Constitución”.
También se refirió al intento del oficialismo por cambiar la forma de elección del Procurador General y califica de “atropellos institucionales” las iniciativas del oficialismo en materia judicial. “A esta embestida autoritaria contra la Corte Suprema se suma el intento de copar la Procuración modificando la ley del Ministerio Público para eliminar el requisito de dos tercios para su designación, entre otros aspectos que afectan su independencia, asegurada en la Ley Suprema. A estos atropellos institucionales se suma la sugerencia de la “Comisión Beraldi” de crear un tribunal intermedio –previo a la Corte–, cuyo propósito es lograr que los juicios por corrupción permanezcan el mayor tiempo posible sin resolución”, indicaron.
En esa misma línea, advierten “que nunca antes en democracia se ha observado un desprecio tan grosero a la independencia del Poder Judicial y, en particular, a la propia Corte Suprema de Justicia. El cúmulo de decisiones inconstitucionales que provienen del Poder Ejecutivo se ha traducido en el dictado frecuente de decretos de contenido legislativo. Bajo la excusa de un estado de emergencia, se pretende ocultar el grave avance sobre las instituciones republicanas y federales, así como sobre los derechos constitucionales de las personas”.
Finalmente, exhortan “a la ciudadanía a tener presente el artículo 36 de la Ley Suprema que expresa: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos…”. Es que la lucha contra la corrupción es consustancial para la plena vigencia de una democracia republicana”.
Y denuncian “una maliciosa y sesgada concepción acerca de la naturaleza y funcionamiento de la división de poderes que sostiene el oficialismo gobernante”.
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