Una comunidad mapuche ocupó una vivienda de guardaparques en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, en el marco de una disputa que uno de los integrantes de la lof Paillako mantiene con la entidad desde hace varios meses. El impulsor de la toma sería Cruz Cárdenas, un ex trabajador de Parques Nacionales que a su vez forma parte de la comunidad mapuche.
El avance sobre la dependencia estatal denominada El Maitenal se produjo el fin de semana y la agrupación mapuche se adjudicó la “recuperación permanente de la seccional”, medida que fue adoptada como respuesta ante la intención de la administración de Parques Nacionales de ubicar allí a un nuevo guardaparque.
El conflicto tuvo un capítulo inicial en enero de este año cuando integrantes de la misma comunidad avanzaron sobre un predio fiscal en el marco de una supuesta reivindicación territorial.
Para garantizar la integridad física de los usurpadores, otra comunidad ocupó oficinas de Parques Nacionales en la localidad de Lago Puelo, en la misma provincia, lo que derivó en una denuncia ante el juez federal de Esquel, Guido Otranto y la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
En septiembre, integrantes de la comunidad atacaron con piedras a móviles de Parques Nacionales cuando guardaparques acudieron a la seccional de la zona para constatar el estado de la construcción, luego de incesantes ataques de parte de los encapuchados.
La ocupación fue notificada a la justicia federal aunque hasta el momento no se emitieron directivas. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron a Infobae que “desde el inicio de los conflictos, personal de Gendarmería Nacional está en apresto en la zona, aunque no hubo ordenes de actuación”.
El conflicto con el ex empleado de Parques Nacionales se originó cuando, durante la gestión del ex Presidente Mauricio Macri, fue apartado de la explotación de un camping en la zona, lo que motivó el inicio de los intentos de recuperación del sitio.
El Sindicato de Guardaparques (Sigunara) denunció la toma y criticó a la Administración de Parques Nacionales por su actitud pasiva ante el conflicto. “A pesar de la advertencia a las autoridades, la inacción de la Administración de Parques Nacionales implica ahora la pérdida de este bien patrimonial del Estado y la pérdida de control en el territorio”.
Solicitaron además que “identifiquen y juzguen a los autores e instamos, una vez más, al Directorio de Parques para que, en cumplimiento de sus obligaciones, se constituya como querellante en la causa por usurpación”. “Exigimos la restitución del bien a través de los medios democráticos legales así como la tranquilidad para trabajar en el área sin sufrir las constantes provocaciones y agresiones que el personal de Guardaparques no ha generado ni respondido”, finalizaron en el comunicado.
La agrupación mapuche, por su parte, denunció que el fin de semana un helicóptero de Gendarmería Nacional “sobrevoló el lof varias veces a baja altura sobre las rukas y se pudieron observar dos personas: una filmando y otra apuntando con un arma, con la puerta abierta del helicóptero”.
“Bajo este contexto de hostigamiento tanto en lo judicial como en lo territorial -plantearon-, reafirmamos nuestra convicción de permanecer en el territorio convencidos de que este es el camino hacia una práctica plena de nuestra cosmovisión. Continuaremos el legado ancestral de nuestros pu kuifikecheyem, hacia la defensa del wallmapu y de la liberación nos encaminamos. No pasarán”.
No obstante fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación minimizaron los dichos y afirmaron que la fuerza federal “cuenta con un helicóptero en Esquel, es posible que haya pasado por el lugar” aunque desmintieron las versiones de que uno de los uniformados los apuntó con un arma de fuego.
Desde Sigunara, explicaron que esa seccional “se encuentra distante en línea recta casi un kilómetro al área que originalmente fuera tomada por la fuerza y, como lo advertimos hace varios meses, los intrusos están avanzando en la ocupación del parque nacional desobedeciendo la orden de no innovar dictada por la Justicia Federal”.
La agrupación exigió “la restitución del bien a través de los medios democráticos legales así como la tranquilidad para trabajar en el área sin sufrir las constantes provocaciones y agresiones que el personal de Guardaparques no ha generado ni respondido”.
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