
El Gobierno nacional terminó este lunes de definir la fórmula de actualización para las jubilaciones que pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional del Congreso.
Según detallaron desde el oficialismo, la nueva fórmula se asemeja a la utilizada por el kirchnerismo entre 2008 y 2017, que fue derogada por la gestión de Mauricio Macri. La misma se basa en la evolución de los salarios y la recaudación -en partes iguales-, por lo que la tasa de inflación ya no será parte de la ecuación. De esta forma, el Gobierno busca poner un freno a la inercia inflacionaria.
“Una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos. En diversos países, las fórmulas de movilidad se basan en inflación siendo que los precios en esos países crecen menos que los salarios, lo cual quiere decir que no hay un objetivo de recuperación real de los ingresos. Además, los niveles promedio y las variaciones de la inflación en esos países son mucho más bajos que los que se observan hace lustros en Argentina, lo cual les permite dar cierta previsibilidad al gasto previsional”, explicaron desde el Ministerio de Economía.
Al incluir la recaudación en la fórmula, Guzmán apunta a “compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal”. Los técnicos de Economía entienden que la nueva ecuación permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. También participaron el ministro de Trabajo; Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Por el legislativo estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y su par del Senado, José Mayans.
Por otro lado, se reincorporará el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses (multiplicado por 1,03). Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y representa una pieza clave para evitar que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017.

Asimismo, se incorpora una cláusula de “legislación constante” que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad.
La actualización de las jubilaciones será semestral, en marzo y septiembre. “Hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, disminuye la volatilidad y reduce la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019”, detalla el comunicado oficial.
El Gobierno adelantó que la evolución de los salarios se medirá con el RIPTE, “un índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente”.
“La fórmula de movilidad debe contribuir a la estabilidad macroeconómica, en términos de la recuperación real y en su efecto positivo sobre la demanda, sin convertirse en un elemento desestabilizante”, concluye el documento que difundió el oficialismo. En el plano político también destacaron la importancia de “partir de un consenso político amplio que le garantice su sostenibilidad en el tiempo”.
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