La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, criticó este viernes la decisión del juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata de no reconocer como delito a la ocupación de predios en El Bolsón y consideró que su accionar es “completamente ajeno a la realidad”.
A través de un comunicado, la mandataria provincial lamentó la decisión judicial respecto de la usurpación de los terrenos pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los cuales a fines de agosto fueron ocupados por cientos de personas.
“Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras. Pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivos”, señaló la Gobernación en el texto que difundió en las redes sociales.
La mandataria provincial se refirió de esta forma a un dictamen del juez Zapata que impone un plazo de dos semanas para que el Municipio, la Provincia y la Nación “arbitren las medidas necesarias tendientes a otorgar alojamiento" a quienes invadieron esos predios.
“Los gobiernos gestionamos, pero no hacemos magia. Si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”, sostuvo.
La dirigente de Juntos Somos Río Negro también se refirió a este tema en su cuenta oficial de Twitter, mediante un posteo en el que manifestó su rechazo a “que un juez, sentado en la comodidad de la silla de su despacho, se desentienda de los problemas y las soluciones reales para una situación tan compleja” como esta.
La ocupación de tierras se realizó en dos etapas. En la primera de ellas, cerca de 30 familias se instalaron en un espacio que el INTA cedió a un club deportivo denominado El Refugio. En la segunda 130 familias más se instalaron en un espacio de 60 hectáreas, perteneciente al mismo organismo, ubicada en la Subida de Brea, en el camino de acceso a dos puntos turísticos trascendentes para la ciudad cordillerana como son Cabeza del Indio y Mirador del Azul.
El pedido de desalojo del lugar había sido solicitado por la fiscal federal subrogante de la ciudad, Sylvia Little, a partir de la denuncia que presentó el organismo nacional propietario del lugar.
La decisión de la fiscal fue bienvenida por las autoridades locales y provinciales, quienes creyeron que su decisión pondría punto final a la ocupación. Sin embargo, el reciente dictamen de Zapata descarta el desalojo.
Por su parte, el intendente de esta localidad cordillerana, Bruno Pogliano, expresó, también por medio de las redes sociales, que "es peligroso y alarmante el mensaje que expresa el magistrado en su resolución porque, “al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales, se promueve este accionar, imponiéndole además a los Poderes Ejecutivos la cesión de las mismas”.
Según consta en la causa, la fiscal Little aseguró que “no existen dudas aquí de que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP (Código Penal), puesto que aquellas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que cada quién unilateralmente demarcó para sí”.
“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
En esta línea, Zapata solicitó en su dictamen que las secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intervengan a fin de dar alojamiento a las personas que habrán de ser desalojadas.
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