Una tabacalera argentina acusó a Carlos Rosenkrantz de defender los intereses de dos empresas internacionales

Tabacalera Sarandí, una empresa argentina que se dedica a la distribución y manufactura de distintas marcas de cigarrillos, recusó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en un caso que tiene en su carátula al Estado nacional como demandado, pero cuyas resoluciones podrían terminar favoreciendo a dos grandes empresas multinacionales: Philip Morris y British American Tobacco.

En base a diferentes artículos periodísticos, los abogados Elías Jassan, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro solicitaron que la máxima autoridad del tribunal no forme parte de las deliberaciones en el expediente en virtud de diferentes circunstancias que podrían representar un conflicto de intereses. “Se advierte por diversos caminos de qué manera se evidencia un interés cercano y un vínculo concreto” con las cuestiones que se resolverán durante el litigio, puntualizaron.

En las notas citadas, no sólo se hace referencia a una presunta cercanía de Rosenkrantz con las grandes tabacaleras internacionales, sino que además se señala que su hija, Julia Rosenkrantz, forma parte de Marval O’Farrell Mairal, estudio jurídico que defiende los intereses de Philip Morris en el país a través de su socia, Massalin Particulares. Una simple búsqueda en el sistema informático del Poder Judicial revela que los integrantes de ese prestigioso bufete intervienen en todas las causas tributarias que tienen entre sus partes a Massalin, argumentaron los letrados en un escrito al que accedió Infobae.

Los patrocinantes de Tabacalera Sarandí pusieron además la lupa sobre Gustavo Naveira, secretario de la Corte, que en diciembre de 2019 contrató como parte de su equipo a Diana Queirolo, una profesional que trabajaba en la AFIP y que había participado en este mismo caso en defensa de los intereses del Estado nacional.

“En esa línea, resulta de interés y relevancia a los efectos de esta presentación destacar que el señor secretario, el Dr. Naveira, quien tiene la dirección absoluta del despacho de las presentes actuaciones fue designado por el Dr. Rosenkrantz a cargo de la Secretaría Nro. 7 de la Corte desplazando a quien había ganado un concurso para el cargo”, resaltaron Jassan, Rusconi y Palmeiro.

Finalmente se hizo hincapié en la pertenencia que tiene el presidente de la Corte con la provincia de Corrientes –su madre vive allí– y en una reunión que habría mantenido con el gobernador Gustavo Valdés para interiorizarse sobre los pormenores que se discuten en este caso. Esa provincia es una de las perjudicadas por la maniobra denunciada.

El Código Procesal Civil y Comercial prescribe expresamente que los jueces no deberían intervenir en casos donde fueron defensores de alguno de los litigantes o emitieron algún tipo de opinión, recomendación o dictamen. Tampoco si tienen amistad con alguna de las partes, que se advierta en la familiaridad o la frecuencia en el trato, o si recibieron beneficios de importancia de alguna de ellas.

El caso

Tabacalera Sarandí, que comercializa la popular marca Red Point, acusó a Philip Morris y British American Tobacco y a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por presuntas maniobras irregulares para aprobar la reforma impositiva, que redujo las alícuotas para grandes corporaciones e introdujo un impuesto mínimo perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. Con la aplicación de la nueva norma, las compañías más chicas deberían vender sus marcas en precios que las dejarían fuera del mercado, por eso presentaron un reclamo ante la Justicia.

La acusación, que se inició ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, señala que se utilizaron reportes e información desactualizada y falsa para impulsar ese sistema impositivo, incluido en la reforma tributaria de la Ley 27.430.

Gracias a esos beneficios fiscales, se estima que en la Argentina se dejaron de recaudar $300.000 millones. A la par, la rebaja impositiva favoreció a las dos gigantes que dominan el 80% del mercado de los cigarrillos.

“El impuesto mínimo a ingresar, por su magnitud, elimina del mercado la industria local ya que supera los precios de venta al público de casi la totalidad de sus marquillas, lo que conllevaría el cierre de numerosas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos”, explicaron desde la compañía con asiento en la provincia de Buenos Aires.

El caso llegó a la Corte, que se apresta a emitir una resolución tras la finalización de la feria extraordinaria por el coronavirus.