La asociación Justicia Legítima, identificada con el kirchnerismo y presidida por la ex fiscal y hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, advirtió que “no tiene ni pondrá obstáculos a lo que los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia que el país se encuentra” frente al proyecto de reforma jubilatoria para los judiciales. Sin embargo, reclamó que el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados, subrayó que no se trata de un régimen de privilegio y sostuvo que cuando los reclamos se judicializacen deberían intervenir conjueces en todas las instancias.
La posición de la organización fue difundida en sus redes, aunque no apareció bajo el formato de un comunicado oficial sino bajo el título “opinión” y firmada por el vocal de la agrupación José Massoni.
Massoni fue fiscal, juez de sentencia, camarista y miembro de un tribunal oral. En 1999 fue designado como titular de la Oficina Anticorrupción, organismo creado por el ex presidente Carlos Menem al final de su gestión. Renunció en diciembre de 2002, a los 62 años.
“Justicia Legítima, que nació como fruto de la preocupación política de un conjunto de miembros del poder judicial, inquietos por el actual estado del servicio de justicia en nuestro país quiere hacer pública su posición ante la discusión sobre las iniciativas concernientes a los salarios y jubilaciones de sus miembros”, señala la nota de Massoni.
Y agrega un panorama personal sobre la situación económica y social. “Nuestro punto de partida es que el país está al borde del abismo. Y no por circunstancias casuales sino a causa de la política puesta en práctica por el gobierno de Macri. Las nuevas autoridades han anunciado explícitamente que la prioridad que plantean a los argentinos y argentinas es la urgente atención por la grave situación social, especialmente la que concierne a sus sectores más débiles y carenciados”, sostiene.
“Es en ese escenario que se discute sobre las jubilaciones de los asalariados –notoria y gravemente escasos en los segmentos más bajos y mayoritarios,-y emergieron a la luz los poco conocidos montos percibidos por los empleados públicos funcionarios del poder judicial y de los miembros del servicio exterior en el poder ejecutivo”, añadió Massoni .
Específicamente sobre los salarios y jubilaciones del poder judicial, Justicia Legítima afirmó: “Sostuvimos siempre que es absurdo que los miembros del poder judicial no paguen impuestos a sus ingresos como todos los ciudadanos, pues ello no guardaba relación alguna con la intangibilidad de los sueldos que establece la Constitución Nacional en beneficio de los justiciables, no de los individuos magistrados. Ello le sumó la repulsa de la corporación”.
“Por esa historia y esas convicciones, Justicia Legítima declara ahora que no tiene ni pondrá obstáculos a lo que los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia que el país se encuentra. Sostenemos, sin embargo, que el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados”, resaltó.
En ese sentido, la nota difundida agrega: “No se juzga un sistema privilegiado, sino especial, con múltiples especificidades que se justificaron en su momento para garantizar derechos ciudadanos y no corporativos y deben ser protegidos en el contexto de una necesaria reforma. De ese modo se mejoraría el proyecto y se evitaría su anulación jurídica, paradójicamente decidida por tribunales que son parte del objeto de la discusión. Por eso, en todos los casos y en todas las instancias deberían intervenir conjueces”.
Finalmente recuerda que Justicia Legítima es una asociación civil que se creó con el fin de impulsar “una justicia independiente y transparente, que permita reconciliar a la justicia con la ciudadanía, interpretar las necesidades sociales e intervenir activamente en las transformaciones sociales”.
Dicho espacio quedó fuertemente identificada con el kirchnerismo. Hoy, dos de sus miembros directivos integran el gabinete de Alberto Fernández: Cristina Caamaño, la presidenta de la asociación, como interventora de la AFI, y Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción.
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