
La Unión Cívica Radical (UCR) criticó este martes en duros términos la decisión del presidente Alberto Fernández de dar marcha atrás con el traspaso de Edenor y Edesur a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires y con el congelamiento de las tarifas del transporte, anunciado días atrás por el Gobierno, que, según el radicalismo, “va en directo detrimento del interior del país, que se queda afuera de ese reparto inequitativo de recursos”.
“La llegada del nuevo gobierno, y las medidas tomadas, prevén un fuerte impacto fiscal en el presupuesto del Estado Nacional, que sólo se verán reflejadas en el área metropolitana de Buenos Aires”, subrayó la UCR, liderada por Alfredo Cornejo, en una carta titulada “Adiós al federalismo: vuelve la discriminación en los subsidios al transporte y energía”, que se publicó hoy como una nota de opinión en el diario La voz del interior, de Córdoba.
“El costo de distribución eléctrica a los usuarios de Edenor y Edesur ha sido congelado por el Gobierno, por supuesto a cargo de los fondos nacionales. De no ampliarse al resto, esa medida va en directo detrimento al interior del país, que se queda afuera de ese reparto inequitativo de recursos. Las provincias que deseen adherir a estas medidas, por el momento, deberán afrontarlas con sus propios recursos. Esto configura una clara discriminación contra el resto de las provincias. Lo mismo sucede con congelamiento de la tarifa de transporte. Sólo aplica al AMBA. Así fue aclarado por los funcionarios actuales, que anunciaron que con esta medida ‘beneficiamos a 15 millones de argentinos’. Otra vez la discriminación”, remarcó la UCR.
El radicalismo salió así a criticar dos de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno en las primeras semanas de gestión, destinadas a aliviar el bolsillo de parte de la clase media de la región metropolitana.
El congelamiento de las tarifas del transporte público por 120 días había sido anunciado la semana pasada por el ministro de Transporte, Mario Meoni, y por el jefe de ministros, Santiago Cafiero, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que aclararon que la medida rige sólo para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, es decir para los boletos de trenes y colectivos del área metropolitana, tal como ahora critica la UCR en la carta pública.

El congelamiento de las tarifas de los servicios públicos determinado en la Ley de Emergencia aprobada antes de fin de año por el Parlamento había dejado afuera al transporte público. En varias localidades bonaerenses y en otras provincias, las subas del combustible impactaron y provocaron que los precios del boleto se incrementaran; en su gran mayoría, los costos superan lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires.
“El impacto que genera esto en las economías regionales, máxime en relación con la distribución de energía eléctrica, genera un diferencial de costos de producción del interior del país respecto a la metrópolis, subsidiado por las mismas pymes perjudicadas, entre otros. En lo que concierne al transporte público, se genera también un altísimo costo de vida hacia el interior, bregando sólo por la economía familiar de los habitantes de provincia y Ciudad de Buenos Aires”, criticaron desde el radicalismo.
“Tuvimos nuestras críticas a la política energética llevada adelante por ministro (Juan José) Aranguren, planteadas dentro del Gobierno y finalmente tomaron estado público. En aquel momento sostuvimos en que no se podía implementar una política tarifaria que apuntara sólo al reconocimiento del costo a las empresas para lograr las inversiones, sin tener en cuenta el impacto que esos montos estaban generando tanto en la población como en el sistema productivo nacional", abundaron.
En efecto, la UCR había planteado duras críticas por los aumentos tarifarios durante la gestión de Aranguren, que hicieron crujir a la coalición de gobierno formada por el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica.
"Hoy estamos a punto de caer en ese mismo problema con las medidas que se están implementando, con el agravante de que estos subsidios, de los que no se tiene información del costo final que tendrá que afrontar el Estado, están orientados específicamente a los habitantes del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Excluyendo por completo al interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y el resto del país”, agregaron.
"En definitiva, si el Gobierno quiere avanzar con estas medidas tiene que hacerlas extensivas al resto del país, porque allí también la crisis hace estragos. Caer nuevamente en la discriminación en la distribución de los recursos es un error y atenta contra el corazón de la Argentina productiva.
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