Hace dos años, la Cámara de Diputados convertía en ley el proyecto de reforma previsional que modificó el sistema de actualización de los haberes a los jubilados, el mismo que ahora el presidente Alberto Fernández intenta dejar sin efecto en el paquete de emergencia económica que ayer se presentó en el Congreso. Fue una sesión maratónica en un marco de incidentes en los alrededores del Congreso con detenidos y heridos. Es más, aún continúa prófugo el militante que disparó con un arma tumbera durante las protestas.
La iniciativa se aprobó con 127 votos, aportados por la entonces coalición oficialista y por los legisladores de Argentina Federal que respondían a gobernadores del PJ, mientras que el Frente para la Victoria, el massismo, Compromiso Federal y la izquierda votaron en contra.
El clima de violencia en las inmediaciones del Congreso y los cacerolazos influyeron a lo largo de toda la sesión, situación que motivó reiterados pedidos de la oposición, sobre todo del Frente para la Victoria-PJ y del Frente Renovador, para que el debate se aplazara para otro día.
El proyecto convertido en ley, hasta el momento vigente, estableció que las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo se actualicen en forma trimestral en base a un sistema combinado entre la variación de la inflación (en un 70 por ciento) y del aumento salarial promedio (un 30 por ciento) y el desfasaje inicial entre un sistema y otro se compensa con una suma fija por única vez para los haberes menores a diez mil pesos.
En el cierre del debate, el entonces presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, optó por no brindar un discurso y solo afirmó que “los dirigentes responsables no reparten fósforos donde hay nafta”.
Por los incidentes, y según consignó el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, fueron 88 los efectivos policiales heridos durante aquella jornada, y según información difundida por el SAME, se atendieron 141 personas, entre 50 y 60 civiles. Más de 70 personas fueron detenidas y liberadas en los días posteriores. A dos años, todavía continúa prófugo de la justicia Sebastián Romero, el militante de izquierda que disparó un arma tumbera durante las protestas.
Romero tiene una orden de captura internacional por disparar pirotecnia contra las fuerzas de seguridad y, en su momento, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ofreció $1.000.000 para quien aporte información sobre su paradero. Por su accionar durante aquella movilización, fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, delitos que cuentan con una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
En el marco del proyecto de ley denominado Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica que será tratado en el Congreso esta semana, el gobierno de Alberto Fernández impulsa una reformulación del esquema de actualización de haberes del sistema previsional. Entre otros puntos, se propone un freno a los aumentos previstos por la ley de movilidad previsional por 180 días a todas las prestaciones de la seguridad social comprendidas, hasta tanto se elabore un nuevo índice los aumentos se realizarán por Decreto presidencial.
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