Vaca Muerta: anulan la absolución a una comunidad mapuche por la usurpación de un campo privado

En un fallo por unanimidad, el Tribunal de Impugnación de Neuquén dictó la nulidad en la absolución de seis miembros de la comunidad mapuche Campo Maripe que habían sido juzgados en abril pasado por la usurpación de un predio privado en Vaca Muerta y ordenó que se los someta a un nuevo proceso penal.

En más de 60 fojas, los magistrados Federico Sommer, Héctor Rimano y Daniel Varessio criticaron el proceder del juez de Garantías, Gustavo Ravizzoli, quien en un polémico fallo había dictaminado que los miembros de la comunidad indígena no actuaron con dolo al usurpar un campo de la familia Vela y enterrar allí a dos de sus miembros.

En su sentencia, Ravizzoli había argumentado que la ausencia de dolo en el delito de usurpación radicaba en la creencia por parte de la comunidad indígena de que los asistía un derecho ancestral sobre esas tierras de propiedad privada. Y por eso consideró que el conflicto debía dirimirse en la Justicia Civil.

El Tribunal calificó de arbitraria la consideración de Ravizzolli y subrayó su omisión para valorar evidencias incorporadas legalmente durante el juicio oral. En especial, un amparo de la Justicia Civil en favor de los legítimos propietarios, en el que se les ordenaba a los miembros de la comunidad no ingresar al predio.

Si bien el incumplimiento por sí solo de la orden judicial—dijo el Tribunal—no acreditaba el delito de usurpación, esa evidencia exponía que existía una intimación restrictiva previa, que la comunidad no podía desconocer.

Los imputados son Albino Campo, ex concejal del FPV en Añelo, y sus hermanos Claudio, Mirta, Josefa, Marta y Celinda Campo.  Sus defensores  adelantaron que recurrirán el fallo.

Ubicado en el corazón de Vaca Muerta, en el km 154 de la ruta provincial 17, el campo de la familia Vela posee un estratégico camino petrolero que conduce a un yacimiento hidrocarburífero explotado por YPF.

El fiscal Marcelo Silva había ventilado en el juicio oral que la comunidad había instaurado un cementerio mapuche en el campo, desoyendo una orden de la Justicia Civil, para alegar derechos ancestrales, y cobrar mediante bloqueos y medidas de fuerza, "peajes" a la petrolera.

Durante el proceso, también había quedado acreditado que miembros de la lof impidieron el paso tanto a los propietarios del campo como a operarios de YPF para frustrar la operatoria en los pozos.