La semana que viene se conmemorará el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un hito en la historia reciente de la humanidad y fue elaborado por representantes con diferentes antecedentes jurídicos y culturales de todas las regiones del globo.
La declaración, que fue firmada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París (tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial), estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo y fue traducida a más de 500 idiomas.
Las 56 naciones que en ese momento integraban la ONU votaron a favor del documento, y sólo Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se abstuvieron.
Entre otras cosas, el documento de 30 artículos sostiene el "estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones", al tiempo que establece que "la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia" y describe la familia como "la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad".
En el preámbulo, la Declaración Universal insta a que quienes adhieran "promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción".
En este marco, organizada por la ONU Argentina y por la Defensoría del Pueblo de la Nación, se realizó este miércoles la jornada "70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: del compromiso a la acción" en la Biblioteca Nacional.
Allí, en el Auditorio Jorge Luis Borges, se llevó adelante el panel dedicado al "Estado como Garante de los Derechos Humanos" en el que disertaron la ex senadora nacional y directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Norma Morandini, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, Gustavo Hornos, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, José Schapira.
En el comienzo de su discurso, el juez Hornos destacó la labor del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y advirtió que su exposición no tendría un carácter teórico jurídico ni filosófico, sino una observación empírica de lo que ocurre en la realidad carcelaria. No se trata, dijo, de la fundamentación de la pena sino de la humanización del poder.
Señaló que los monitoreos carcelarios sin aviso previo -efectuados conforme a los estándares internacionales entre los que se destacan las Reglas Mandela- constituyen una herramienta de prevención y protección de los derechos humanos y expuso cómo la interinstitucionalidad del sistema cobra especial vigencia como espacio de protección desde distintas perspectivas en territorio.
En esa línea, Hornos afirmó que la Justicia debe contribuir al diseño de un país más justo y sostuvo que el desafío inmediato y actual respecto de las condiciones de vida de la cárcel constituye la efectiva y real aplicación de la Constitución Nacional y de los estándares internacionales en el espacio carcelario.
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