Cuatro integrantes de una comisión evaluadora del Ministerio de Defensa de la Nación fueron procesados por haber cometido irregularidades en la contratación -que finalmente no se hizo- de una empresa española para la búsqueda del submarino ARA San Juan.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Héctor Horisberger, Marcelo Dip y Rogelio García Bastitta, integrantes de la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de Planeamiento Operativa y Servicio Logístico de la Defensa, y al supervisor Pablo Longhi.
Los cuatro habían recomendado contratar en junio pasado a la empresa Igeotest Geociencias y Exploraciones SL para la búsqueda del ARA San Juan. Pero la investigación judicial determinó que la compañía no estaba en condiciones de hacer el trabajo y por eso fue denunciada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien representa a familiares de víctimas del submarino.
El juez sostuvo en su resolución de 56 páginas que la Comisión recomendó la contratación de Igeotest cuando no cumplía los requisitos del contrato ya que no estaba en condiciones técnicas de afrontar la búsqueda. El magistrado agregó que según la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Defensa "habría resultado adjudicataria de continuarse con el procedimiento".
"Así las cosas, la Comisión Evaluadora conformada por los nombrados, se apartó de las prescripciones del art. 16 del decreto delegado 1023/01 y no desestimó, con causa evidente, la oferta de la empresa que a tenor de la documentación incorporada al proceso de compra, exhibía reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones establecidas para llevar a cabo el proceso de compra", sostuvo el juez.
Y agregó: "Por otra parte, es dable señalar que Horisberger, Dip y García Bastitta -bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi-, observaron errores esenciales -sin posibilidad de subsanación- en la oferta de IGEOTEST GEOSCIENCES SL, y sin perjuicio de ello, continuaron con el proceso de compra y recomendaron esa empresa para la adjudicación de la contratación del servicio de búsqueda submarina en un claro apartamiento del art. 66 inc. j) del decreto 1030/16".
Finalmente la contratación de la búsqueda del ARA San Juan quedó en manos de la empresa Ocean Infinity, que encontró el submarino hace dos semanas y a un año de su desaparición.
Los cuatro integrantes de la Comisión recibieron también un embargo de un millón de pesos sobre sus bienes.
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